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Suprema Corte llama al Congreso a definir Fiscal para Veracruz

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Por Edgar Hernández*

¡Winckler ya no es el Fiscal, determina el Poder Judicial Federal, es perseguido de la justicia!

Luego de desechar diez amparos federales interpuestos por el Fiscal Jorge Winckler, en reclamo por la “inconstitucionalidad” producto del retiro temporal de su cargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invita al Congreso estatal a expedir la convocatoria para la elección de uno nuevo.

Documentos “Conclusión” de este órgano federal -el Poder Judicial ni más ni menos- concluyen que los diez amparos promovidos por el quejoso, entre ellos los registrados bajo los números 822/2019, 381/2019, en queja y 1172/2019, “fueron resueltos en forma negativa”.

“Absolutamente todos fueron resueltos en forma negativa por la Causal de Improcedencia, a que se refiere el artículo 113 de la Ley de Amparo, por falta de legitimación”, concluye la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Jorge Winckler, por tanto, ya no es Fiscal en retiro temporal “al no existir juicios pendientes de resolución en los juzgados federales ni en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Queda por tanto en plena libertad el Poder Legislativo estatal de iniciar el proceso para lanzar la convocatoria para la elección del nuevo titular de la Fiscalía General de Veracruz, cuyo despacho está en estos momentos bajo la responsabilidad de Verónica Hernández Giadáns, quien ha sido cuestionada por sus vínculos familiares con el crimen organizado.

Hernández reconoció que la sicaria “Z”, Guadalupe Hernández, alias “La Jefa”, es su prima hermana, provocando una airada reacción de la opinión pública estatal y nacional  por el conflicto de intereses que representa ostentarse como responsable de las acciones de la Fiscalía en su lucha contra la criminalidad.

En el caso de Winckler el retiro temporal de su responsabilidad el pasado septiembre se origina por el “incumplimiento del mandato constitucional de certificación, revalidación y registro correspondiente para la permanencia en el cargo”, determinación que lo llevó a sucesivos amparos y desparecer del ojo público.

Ello lo llevó a la interposición de una decena de amparos reclamando inconstitucionalidad en el procedimiento de separación del cargo que, de acuerdo a la SCJN, fue por “Ilegalidad, mas no por inconstitucionalidad, por tanto, es infundado el agravio”.

El pasado 25 de enero, hace cuatro días, el tan poderoso como arrogante Fiscal en la era de Miguel Angel Yunes, desde Puebla hizo una sorpresiva declaración al diario Reforma en la que sostuvo que “el juicio de amparo  contra su suspensión definitiva continúa en proceso, por lo que los diputados locales están impedidos a nuevos aspirantes para encabezar ese órgano judicial”.

Hoy se sabe, así lo demuestran las conclusiones de la Suprema Corte y el adelanto que hace el diputado local José Manuel Pozos, en el sentido de que en breve se abrirá la convocatoria para elegir Fiscal General.

Es decir, para los representantes judicial federal y legislativo local, está muy claro que no fue un amparo el que interpuso Winckler, fueron diez, todos desechados; que las conclusiones de la SCJN las puso en conocimiento del Congreso del Estado desde el 13 de noviembre del año pasado, prácticamente en la víspera del I Informe de Cuitláhuac García y que Jorge Winckler ya fue localizado en Puebla.

Todo ello abrió además la formalización de la captura de Winckler por los delitos de origen que presuntamente cometió durante su gestión: crimen organizado y desaparición forzada.

Ello, en realidad, lo han tenido muy claro desde el principio Winckler y su jefe Yunes, de ahí la huida del primero en conocimiento de que una vez depuesto de manera provisional difícilmente lograría recuperar su posición de Fiscal General de Veracruz.

Sabía además que no prosperaría el amparo –por ello interpuso diez para ver si alguno pegaba- ya que, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “personas morales oficiales, carecen de legitimación para promover el juicio de amparo en su carácter de autoridad, con independencia de las violaciones que aduzcan”.

En cuanto a la acción de inconstitucionalidad que reclama Winckler, el órgano judicial determinó que “La acción de inconstitucionalidad, sólo procede contra normas generales que tengan el carácter de leyes o de tratados internacionales”.

Todo ello se hizo público en las páginas de Transparencia desde noviembre del año anterior, por lo que ambas partes, gobierno y quejoso, jugaron con el tiempo hasta que Verónica Hernández Giadáns, en un arranque más que de sinceridad y honestidad consigo misma, detona una bomba cuyo cerrillo puso en la mecha Pozos para que le estallara en las manos de Cuitláhuac.

Lo demás no es historia… ¡Es escándalo!

Tiempo al tiempo.

*Premio Nacional de Periodismo

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