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Se niega diputado Bingen Rementería a rendir cuentas

Redacción / Ventanaver. Xalapa, Ver., 29 de junio de 2020.- Por ley, el diputado local del Partido Acción Nacional, Bingen Rementería Molina tenía la obligación de rendir un informe anual de sus funciones y entregar un ejemplar al Congreso, pero se le olvidó y tuvieron que pasar 18 meses, desde que tomó posesión, para que cumpliera con la ley.

El legislador violentó el Artículo 17, Fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que establece la obligación de los diputados de “Rendir, en su distrito electoral, un informe anual de las funciones a que hace referencia la fracción V de este artículo, y entregar un ejemplar del mismo, al Congreso”

Según la propia legislatura, fue hasta el 12 de mayo que Bingen Rementería remitió su primer informe de actividades legislativas y el pleno se dio por enterado.

Cabe recordar que, en 2017, cuando fue diputado en la LXIV Legislatura, compareció ante su distrito en el mes de diciembre. Al año siguiente entregó su informe al Congreso hasta el 12 de marzo del 2018.

En la actual legislatura (LXV) se tardó casi medio año de este 2020 para cumplir con esta obligación establecida en la Ley Orgánica. Bingen Rementería pertenece a las comisiones de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión; Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal y Comisión de Vigilancia.

Este incumplimiento del citado legislador también es una violación al Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Legislativo, particularmente al principio rector de legalidad, pues él está obligado a someter su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o comisión.

Pero lo más grave es que no cumplió en tiempo y forma con el principio de rendición de cuentas. Los diputados asumen plenamente ante la sociedad y sus autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones