La salada silla de la Secretaría de Salud
La vuelta a Veracruz en un teclazo
Yamiri Rodríguez Madrid
Muy pocos secretarios de Salud en Veracruz han podido pasar por ese cargo sin mancha alguna; sobre la gran mayoría, en las últimas cinco administraciones, pesan escándalos de corrupción, infraestructura deficiente, falta de calidad en la atención médica y, sobre todo, desabasto de medicamentos.
En el sexenio de Miguel Alemán, por ejemplo, mucho se criticó que la infraestructura hospitalaria era muy limitada y con obras abandonadas. En 2019 la Secretaría de Salud federal reportó que Veracruz arrastraba 30 obras de salud inconclusas (603 mdp) heredadas de administraciones pasadas.
En 2017 se denunció penalmente que en los gobiernos de Herrera y Duarte se compraron “medicamentos apócrifos” para pacientes oncológicos. La denuncia abarcó a secretarios de Salud y funcionarios de ambos sexenios, acusándolos de comprar fármacos “clonados” y de calidad dudosa.
Pero el sexenio de Duarte fue uno de los más críticos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó que en 2014 se desviaron más de 3,108 millones de pesos destinados a salud como en equipo hospitalario, medicinas y mejoras. Quedaron obras inconclusas señaladas por corrupción, como la sustitución del Hospital Psiquiátrico “Dr. Víctor M. Concha Vázquez” (Proyecto “Benito Juárez”), una inversión de 208 mdp cuyo avance se paralizó y fue señalado como caso de corrupción.
En la cuenta pública 2017 (primer año de Yunes) el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz reportó un presunto daño patrimonial de 338.3 millones de pesos en contratos públicos (contratos directos irregulares). En el bienio no hubo tiempo suficiente para iniciar grandes obras nuevas. El foco fue sanear lo heredado. Aun así, persistieron hospitales con infraestructura obsoleta y numerosas clínicas rurales sin remodelar.
En la revisión de la Cuenta Pública 2023, correspondiente a la administración de Cuitláhuac García Jiménez, la ASF detectó más de 1,600 millones de pesos en contratos dudosos adjudicados directamente a empresas de reciente creación y que supuestamente ya habían sido solventados, pero no todos. Gran parte de estos recursos fueron administrados por el entonces director administrativo de Salud, Eduardo Sisniega, identificado como supuesto operador de los contratos.
Como ejemplo están las múltiples manifestaciones que en esos seis años se dieron por falta de medicamentos; que el Hospital de Alta Especialidad sufrió una intoxicación masiva por alimentos en mal estado en 2025, ilustrando la precariedad de las instalaciones, que mucho equipo médico en hospitales dejó de funcionar; el mal estado de los elevadores, los cortos circuitos o cuando se les inundó el recién inaugurado hospital de Perote.
Además, la ASF detectó otros 388 millones desviados mediante “aviadores”, es decir, supuestos pagos sin comprobantes a 300 trabajadores fantasma y falta de supervisión en compras clave. Se habla que se iniciaron al menos 13 investigaciones administrativas contra funcionarios de Salud.
La gobernadora Rocío Nahle ya le entró al tema al confirmar que sí se denunció, a través de la Contraloría General del Estado, los casi 200 millones de pesos en la Secretaría de Salud y fue más allá al decir que no encubrirá a nadie.
¿El flamante delegado federal del IMSS Bienestar, Roberto Ramos Alor, ese que soltó que a la prensa “ningún chile le embonaba”, ese que agredió verbalmente a la entonces diputada local Anilú Ingram cuando lo cuestionó en una comparecencia, correrá la misma suerte que otros de sus antecesores como Juan Antonio Nemi Dib o será Guadalupe Díaz del Castillo la que pague los platos rotos? El tiempo y las cuentas lo dirán.
@YamiriRodriguez
