Redacción / Milenio. México. 29 de marzo del 2021.- Pocos asuntos han generado tanta polarización en México como la Reforma a la Ley de Energía Eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por ambas Cámaras a principios de marzo.
Este cambio legal ya publicado en el Diario Oficial, pero actualmente en suspensión definitiva dictada por el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, en respuesta a los amparos de empresas del ramo, cambia las reglas del juego en el mercado eléctrico y significa un retroceso a la circunstancia previa a la Reforma Energética de 2013, señala Valeria Vázquez, socia líder de la industria de energía de Deloitte México.
Según un documento del Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, esta Ley de la Industria Eléctrica generaría la conclusión anticipada de contratos millonarios en proyectos de energía renovable y generaría un costo de casi 20,000 millones de dólares (mdd) al Estado mexicano.
Además de la pérdida de inversiones, habría que indemnizar a las empresas inversionistas, pues su rentabilidad proyectada sería comprometida por el cambio que favorece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), señala Vázquez.
“El costo por ingresos esperados por las inversiones —únicamente del equivalente a 90% de la infraestructura ya contratada por la CFE— asciende a 16,783 mdd, como una indemnización por la infraestructura contratada y que genera para los contratos de las subastas y los ingresos de los generadores, ya que estos contratos se firmaron a plazos de entre 15 y 20 años para la instalación de nuevas plantas”, dice Vázquez.
También señala que esta suma se elevaría a 18,313 mdd si los contratistas solicitan también la indemnización por la energía excedente que no contrataron con la CFE y que, como lo establecen las reglas de las subastas, dejó lista para participar en el mercado de corto y mediano plazo comercializado con otros compra- dores distintos a la empresa del Estado.
Efectos contraproducentes
La reforma propuesta por el gobierno del presidente López Obrador contempla que las plantas hidroeléctricas, nucleares, de ciclos combinados, geotérmicas y termoeléctricas de la CFE serían las prime- ras en despachar la energía que generan al sistema, posteriormente se enviaría la generada por las plantas eólicas y solares y, al final, la de las compañías privadas.
Esto frenaría la inversión de 11,000 mdd en generación eléctrica renovable de nuevos proyectos ya identificados, que estaban listos para desarrollarse hasta 2024, los cuales estaba previsto que generarían cerca de 50,000 nuevos empleos, dice Julio Valle, vocero de la Asociación
Mexicana de Energía Eólica (Amdee) y de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex). “Se necesita certidumbre a largo plazo, ya que desde hace más de un año el sector se ha visto sumamente golpeado por los cambios constantes promovidos por el gobierno federal”, señala.
Según las asociaciones, el país recibió 20,000 mdd al cierre de 2020, distribuidos en 139 proyectos eólicos y solares ya en operación, con una generación de 13,000 megawatts; esto, sumado a las inversiones que se estaban recibiendo en el sector, que ascienden a 3,000 mdd por año.
Valle Pereña explica que entre las múltiples afectaciones que la reforma provocaría está un impacto directo en toda la generación de energía renovable existente en México, eólica y solar, que representa 28,000 mdd de inversión ya desplegada y comprometida.
“Estamos hablando de más de 17,000 megawatts de capacidad de generación y 47,000 empleos directos e indirectos”, dice el directivo, y estima que las repercusiones para todos los proyectos privados ascienden a 44,000 mdd, sin considerar los impactos para aquellas empresas que hoy consumen energía renovable y que estarían obligadas a comprar energía más costosa a la CFE.
Por su parte, la calificadora Moody’s indica que la nueva ley podría dejar solo dos opciones a la CFE: aumentar los precios en que se vende la electricidad a los consumidores o solicitar un incremento en los subsidios que recibe de la administración federal.
“Si la Ley se llegará a implementar, así como está, después del dictamen de los jueces, la CFE podrá comprar energía de cualquier planta, en lugar de hacerlo a través de un proceso competitivo y con jugadores privados. Esto desplazará la generación privada eficiente y de bajo costo y significará que el suministro básico de la Comisión terminará compra
