El 8 de Marzo, el Día Internacional de las Mujeres, ha permitido colocar en el debate público los avances logrados por las mujeres y el movimiento feminista alrededor del mundo, pero también aquellos que significan desafíos y temas pendientes por parte de las autoridades que tienen la obligación de garantizar los derechos humanos de las mujeres y la igualdad sustantiva.
Es un momento de reconocer el trabajo de las mujeres que ya no están, pero que fueron las pioneras en impulsar aquellos cambios históricos y estructurales que hoy nos permiten hablar y reclamar igualdad de género, el cese a las violencias contra las mujeres y la construcción de la paz con perspectiva de género para las presentes y futuras generaciones.
Es innegable la brecha de género en espacios públicos, la persistencia de las violencias contra las mujeres, así como el incumplimiento de las obligaciones por parte de las autoridades del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres.
Por ello, es que queremos visibilizar la agenda pendiente de las autoridades de los tres poderes en el Estado de Veracruz:
Por cuanto hace al Poder Ejecutivo, se va a cumplir ya un sexenio en el que no se han renovado los consejos consultivo y social del Instituto Veracruzano de las Mujeres, instancia que terminará este gobierno con una mujer al frente en calidad de Encargada de despacho, acto que pone de manifiesto la omisión y la escasa importancia que se le ha conferido a una dependencia que cumple 17 años de haber sido creada en una exigencia ciudadana recogida por el entonces ejecutivo estatal y que hoy poco queda de aquellos años de reconocimiento y esplendor.
A mes y medio de haber asumido la titularidad del ejecutivo estatal fue presentada la Estrategia de Coordinación Estatal Cero Tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas en Veracruz que ha sido letra muerta. Así lo evidencian las cifras de delitos que agravian a las mujeres.
De 2018 a 2023 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reconoce que hubo en nuestro país: 5 mil 561 feminicidios.
En enero de 2024 a nivel nacional registra 55 feminicidios y Veracruz 6.
Por su parte, el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana registra que de 2018 a 2023 ha habido en la entidad 3 mil 115 casos de mujeres desaparecidas y tan solo en enero de 2024 da cuenta de 40.
Esta es la realidad de vida de las mujeres que vivimos en esta entidad, misma que tiene desde 2016 una Alerta de Violencia de Género por Feminicidio, a la que se sumó la Alerta por Violencia de Género por Agravio Comparado declarada en 2017 y hoy estamos a la espera de que la CONAVIM emita la declaratoria correspondiente a la Alerta por Desaparición de niñas y mujeres que se solicitó en 2019.
Pero ni se ha cumplido con el mandato legal de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres que habitan el territorio veracruzano, ni con las que laboran en cada una de las dependencias de la administración pública veracruzana como ha sucedido en los casos de acoso y hostigamiento sexual y laboral que sitúan a esta administración como un foco de violencia hacia las mujeres que en ella laboran.
El primer caso en hacerse público tuvo lugar en la Secretaría del Medio Ambiente en donde las víctimas tuvieron que salir a los medios de comunicación para atraer la atención hacia la protección que se brindaba a un agresor que estaba en el ánimo de que gobierna, canonjía con la que abusaba del poder acosando a trabajadoras de la dependencia en que servía.
De entonces a la fecha, se han hecho públicos casos de acoso en dependencias como la Secretaría de Gobierno, la de Seguridad Pública y la de Educación, en donde claramente la consigna es intentar por todos los medios que las agraviadas no denuncien, llegando al extremo de hacerlas conciliar con sus acosadores, todo con tal de no elevar el número de denuncias que tan solo en 2022 fueron 100 y en 2023 incrementaron esas cifras, sin que haya responsabilidades fincadas a los agresores que siguen protegidos, mientras que las mujeres son revictimizadas, amenazadas, y a veces sancionadas por hacer públicas estas violencias recurrentes.
Por lo que al Poder Legislativo respecta, tan solo en los dos primeros años de ejercicio legislativo de la segunda legislatura paritaria en la historia de Veracruz, legisladoras y legisladores de los diferentes grupos parlamentarios presentaron 35 iniciativas relacionadas directamente con los derechos de mujeres que no han sido aprobadas. Todas fueron turnadas a comisiones y ahí están estancadas, incurriendo en una omisión legislativa al no avanzar los análisis y debates respectivos.
¿Qué pasa con los y las diputadas que presiden dichas comisiones? ¿por qué no han dictaminado? ¿por qué no sesionan cuando son de urgente resolución aquellas iniciativas que están relacionadas con la violencia que viven las mujeres en el Estado? ¿O es acaso que sí las dictaminaron y es la Secretaría General la que no ha dado cuenta a la Junta de Trabajos Legislativos para que suban las resoluciones a la orden del día del pleno? ¿Qué órganos o grupos legislativos son responsables de que no se dictaminen estas iniciativas?
Lamentablemente por el mal trabajo de unos y de unas, se construye la percepción de que en esta Legislatura a las mujeres nos quedaron a deber, cuando sí hay iniciativas valiosas que han sido presentadas pero que están esperando ser aprobadas, pues hay otros temas que han sido prioritarios, que, desde luego, no se relacionan con la protección de mujeres y niñas. Si desde la agenda del Poder Ejecutivo las mujeres no somos importantes, cómo podemos serlo para la actividad de los legisladores. Esto refleja la poca sensibilidad y compromiso para atender el principal problema público que vivimos las mujeres en esta entidad.
En efecto, el problema es complejo, porque cada ley que no se aprueba implica la inacción de las dependencias a quienes les corresponde atender los problemas, como es el caso de la omisión de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Mujer, Niñas, Niños, y Trata de personas. y del Tribunal Superior de Justicia que no están atendiendo los incontables casos de violencia vicaria, escudándose en que en el estado no hay una ley en la materia. Esto evidencia por completo la falta de perspectiva de género ante uno de los rostros de la violencia contra las mujeres que más ha crecido.
Desde luego es imposible dejar de referir la veintena de acciones de inconstitucionalidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado como procedentes por errores u omisiones en las leyes estatales que han sido aprobadas fast track, sin haber realizado un verdadero análisis y debate jurídico.
En cuanto al Poder Judicial es indispensable:
• Promover la carrera judicial para la designación de juezas en materia penal y familiar, mediante concurso de oposición, garantizando que quienes ocupen estos espacios sean personas juzgadoras con formación en materia de perspectiva de género y derechos humanos.
• Actuar con independencia judicial respecto de los otros poderes del Estado, evitando dentro o fuera del proceso judicial, actuaciones parciales, así como motivaciones personales, políticas o que no atiendan a la genuina valoración probatoria de cada caso.
• Coordinar, dirigir y administrar las órdenes y medidas de protección y los informes sobre las circunstancias en que se dé la ejecución de éstas, al Banco Estatal de Datos e Información sobre Violencia contra las Mujeres con la finalidad de mantenerlo actualizado.
• Sistematizar y publicar los precedentes obligatorios de casos resueltos con perspectiva de género en las materias de su competencia que sean vinculantes para todas las todas las autoridades del Estado, en los términos que señalen las leyes.
• Crear sistemas de registro para incorporar indicadores que faciliten el monitoreo de las tendencias socio-jurídicas de la violencia contra las mujeres y del acceso de éstas a la justicia y así, colaborar con otros entes responsables de adoptar políticas públicas en materia de prevención y atención de las violencias contra las mujeres y niñas.
Todo ello atendiendo a su marco jurídico vigente.
Por cuanto hace a la Fiscalía General del Estado quedan tareas urgentes de atender:
• Actuar de forma inmediata y articulada con la Comisión Estatal de Búsqueda en materia de búsqueda de niñas, adolescentes y mujeres.
• Crear la Fiscalía Especializada en Feminicidios.
• Evitar la revictimización o los juicios valorativos públicos que impliquen una revictimización en contra de mujeres, niñas y adolescentes.
• Aplicar en la investigación de hechos delictivos cometidos contra niñas, adolescentes y mujeres la debida diligencia, agotando todas las líneas de investigación posibles, así como la perspectiva de género, con la finalidad de solicitar el ejercicio de la acción penal atendiendo al principio de exacta aplicación de las normas penales.
Este balance del actuar público es también un punto de partida para quienes aspiran a ocupar: a) La titularidad del poder ejecutivo y b) Las diputaciones locales; pues deben colocar en el centro de su oferta política, los pendientes que hemos mencionado y todos los mecanismos para garantizar los derechos humanos de las mujeres veracruzanas.
¡Por los derechos humanos de las mujeres!
Relación de iniciativas presentadas en los 2 primeros años de ejercicio legislativo, relacionadas con los derechos humanos de las mujeres.
Primer año
- Creación de la Fiscalía especializada en delitos contra la mujer.
- Armonización a las leyes de paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género.
- Acceso a la educación de la mujer rural.
- Registro estatal de deudores alimentarios.
- Presupuestos públicos con perspectiva de género en los Institutos Municipales de las Mujeres
- Apoyo bimestral a madres jefas de familia, así como a recibir atención médica preferencial, capacitación para el trabajo y programas productivos.
- Ampliación del Premio Estatal a la Mujer Veracruzana.
- Reconocimiento a las mujeres policías.
- Violencia en los espacios públicos relativa al acoso callejero.
- Que los entes públicos garantices la paridad de género en la integración del padrón de proveedores.
- Reformas a la Ley de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas para evitar la discriminación así como promover la paridad en dicha Comisión.
- Licencias de maternidad o paternidad cuando los hijos e hijas hayan sido diagnosticados con alguna enfermedad grave.
- Violencia ácida. 2 iniciativas.
- Ley Monse.
- Que sea facultad de la Comisión para la Igualdad de Género el impulsar la creación de los Institutos Municipales de las Mujeres como órganos desconcentrados.
- Incorporar como requisito de elegibilidad cumplir con la 3 de 3.
- Que sea de la competencia de la Comisión para la Igualdad de Género la realización del Parlamento de Mujeres Veracruzanas.
Segundo Año
- Que el Estado promueva la igualdad salarial y no discriminación laboral.
- Violencia Vicaria. 3 iniciativas.
- Creación de la figura de “acoso cibernético”.
- Que las personas que busquen contraer matrimonio no estén inscritos en el registro de deudores alimentarios.
- Incorporar la figura de violencia simbólica.
- Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional para difundir campañas de prevención de la violencia de género. Que se creen unidades en los centros laborales para canalizar y acompañar las quejas o denuncias por violencia de género y acoso sexual.
- Establecer un procedimiento claro para la renovación de la titularidad del IVM para darle certeza a los plazos de cada etapa.
- Regular el derecho de las trabajadoras relacionadas con la maternidad para establecer plazos para el descanso, reposo, lactancia y licencias de paternidad y maternidad.
- Incorporar como requisito para obtener las licencias de conducir, así como para la compraventa de bienes inmuebles el certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
- Modificación al código civil relativa al concubinato, para no generar discriminación.
- Permiso sin goce de sueldo a las trabajadoras durante su período menstrual.
- Que los ministerios públicos establezcan fundada y motivadamente las órdenes de protección previstas en ley en los casos de violencia contra las mujeres y sancionar al funcionariado que omita otorgarlas.
- Red de transporte exclusiva para mujeres
- Dotar de mayores atribuciones al Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y hombres.
- Licencias de maternidad, paternidad y lactancia para ediles y servidores públicos municipales.
- En relación al Registro nacional de obligaciones alimentarias, modificar el código civil para integrar en él a deudores de pensión alimenticia y compensatoria y que el poder judicial sea el que tenga el registro digital y la base de datos estatal que suministre información al registro nacional.
