Redacción / Agencias. Ciudad de México., 21 de septiembre de 2021.- La Fiscalía General de la República pidió por segunda vez las órdenes de aprehensión contra 31 ex funcionarios por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por los 244 millones de pesos que durante seis años otorgó el Conacyt al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT).
Luego de que a fines de agosto le devolvieran el expediente por incosistencias jurídicas, la FGR pidió ayer lunes las capturas a Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, con sede en el Penal del Altiplano.
Nunca antes en la historia la Fiscalía había ejercido la acción penal en contra de personajes del mundo académico por acusaciones de crimen organizado y mucho menos en un caso contra decenas de ellos.
La solicitud de aprehensiones fue presentada luego de que el pasado 25 de agosto el juez le devolviera la carpeta de investigación a la FGR y le diera un plazo de 15 días hábiles para corregir y subsanar inconsistencias en el expediente.
Algunas de las señaladas en su primera judialización fueron, por ejemplo, que la Fiscalía no acreditó la competencia por territorio de los jueces de Almoloya, ni precisó los hechos delictivos atribuidos a cada uno de los imputados, ni los datos de prueba específicos.
Las órdenes de captura fueron solicitadas por delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades. El primero de ellos es un delito que amerita la prisión preventiva oficiosa, es decir, que no permite a los imputados llevar el proceso en libertad, en caso de ser detenidos.
Hasta esta noche, aún no se ha informado oficialmente si el juez Salazar libró o negó las órdenes de aprehensión, o si nuevamente devolvió la carpeta de investigación a la Fiscalía por cuestiones de forma.
De acuerdo con documentos judiciales, la imputación tiene su origen en una denuncia presentada el 10 de julio de 2020 por Rosenda Cruz Vixtha, apoderada legal del Conacyt.
Justamente por esas fecha, la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, afirmó que Julia Tagüeña, en calidad de directora adjunta del Conacyt, en el sexenio pasado asignó ilegalmente 50 millones de pesos al FCCyT, antes de llegar a dirigir ese órgano.
Falla FGR
Pero este intento de la FGR no tuvo éxito y el 25 de agosto el juez federal Gregorio Salazar Hernández descartó librar las órdenes de captura, devolvió el expediente a los fiscales federales y les dio un plazo de 15 días para subsanar sus inconsistencias.
El juez argumentó tres motivos. En principio, consideró que los jueces de control federal de Almoloya carecen de competencia para tramitar el caso, porque los hechos supuestamente delictivos ocurrieron en la Ciudad de México y no en el Edomex.
También, porque la FGR no precisa la participación de cada uno de los imputados en los delitos y, finalmente, porque no acredita la peligrosidad de los académicos y funcionarios, como para pretender recluirlos en un penal de alta seguridad.
«Es inadecuado que la fiscalía reproduzca datos de prueba que obran en su investigación, en espera de que el órgano jurisdiccional se imponga de éstos y resuelva, como si se tratara de nuevo de un ‘juez de instrucción’ que suplante a la fiscalía al identificar los elementos y razones que sustenten su solicitud», resolvió el juez Salazar.
«Es menester indicar que de la misiva se advierten afirmaciones categóricas y dogmáticas tendentes a indicar que se acredita cada uno de los elementos de los hechos señalados por la ley como delitos; sin embargo, no cita los datos de prueba en que apoya esas aseveraciones».
Esto no significa un pronunciamiento de fondo sobre la imputación, porque permite a la FGR subsanar las carencias de su solicitud de aprehensiones para, eventualmente, volver a presentarla ante el juez.
De hecho, el juez Salazar le solicita a la Fiscalía emplear esos 15 días hábiles -que vencieron el pasado 17 de septiembre- para estudiar cada uno de los elementos de cada delito; establecer en su nueva solicitud la probable intervención de cada imputado; y precisar los datos de prueba específicos que sustentan los ilícitos en forma individual.
Por último, el juzgador también le pide a la FGR valorar la posibilidad de judicializar el caso en otro centro de justicia que no sea Almoloya.
Los imputados
Aunque la Fiscalía imputó el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el dinero en cuestión tenía dos fuentes legales: el Fondo Institucional (FOINS) y el Programa Presupuestario de Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación (Programa F002).
Encabezan la lista ex director general del Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza, y los ex coordinadores del FCCyT, Julia Tagüeña Parga y José de Jesús Franco López, así como el ex Oficial Mayor del Consejo, Víctor Gerardo Carreón Rodríguez.
También solicitaron las capturas de Adriana Ramona Guerra Gómez, David García Junco Machado, Jesús Arturo Borja Tamayo, Rafael Ortega Reyes, María Dolores Sánchez Soler, Miguel Adolfo Guajardo Mendoza, Luis Gabriel Torreblanca Rivera, José Rodríguez Roque Díaz, Luis Mier y Terán Casanueva y Elías Micha Zaga.
Además, Inocencio Higuera Clapara, Julio César Ponce Rodríguez, Lorena Archundia Navarro, Rafael Pando Cerón, Teresa de León Zamora, Jorge Antonio Villegas Rodríguez, Salvador Emilio Lluch Cota, Miguel Gómez Bravo Topete, Rosa Eugenia Sandoval Bustos.
Completan la lista María Mónica Ramírez Bernal, Pablo Rojo Calzada, Regina María Alarcón Contreras, Mauricio Francisco Coronado García, Marcial Bonilla Marín, Gabriela Dutrénit Bielous, Patricia Zúñiga Cendejas o Patricia Zúñiga Bello, Francisco Salvador Mora Gallegos.
Fuente: Reforma, El Universal, FGR.
