Carlos Guzmán | Ventanaver | Corresponsal. Ciudad de México., 24 de abril de 2025.- En la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que este miércoles envió la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado, se contemplan multas fijas de hasta 246 millones de Unidades de Medidas y Actualización (UMA), equivalentes a más de 27 mil millones de pesos a los concesionarios que no proporcionen información fiscal para el cálculo de las sanciones.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones que sustituye al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 266 al 272 de la ley, un
un esquema detallado de sanciones para quienes incumplan con las disposiciones legales y regulatorias aplicables.
Las infracciones serán sancionadas con multas proporcionales a los ingresos del concesionario, autorizado, proveedor de infraestructura pasiva o cualquier persona directamente involucrada.
Estas multas van desde el 0.01% hasta el 10% de sus ingresos, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Entre las conductas sancionables se encuentran:
• Presentar documentación extemporánea.
• Incumplir con obligaciones de registro.
• Obstaculizar el acceso a Internet.
• Celebrar acuerdos que restrinjan la competencia.
• Proporcionar información falsa.
• Interceptar comunicaciones sin autorización judicial.
• Prestar servicios sin concesión o interrumpirlos sin justificación.
En caso de reincidencia, la multa puede duplicarse.
Además, quienes no proporcionen información fiscal requerida para el cálculo de las sanciones, podrían recibir multas fijas de hasta 246 millones de Unidades de Medida y Actualización (UMA), dependiendo del tipo de infracción, equivalentes a 27, 832, 440, 000 millones de pesos.
Asimismo, las concesiones o autorizaciones podrán ser revocadas en situaciones como:
No iniciar operaciones en tiempo, ceder ilegalmente los derechos, obstaculizar interconexiones, incumplir con obligaciones fiscales o normativas, entre otras.
Finalmente, quienes pierdan su concesión o autorización estarán inhabilitados por cinco años para obtener una nueva, incluso si lo intentan por medio de terceros.
Esta regulación busca garantizar la transparencia, la competencia leal y la protección de los derechos de los usuarios, promoviendo un entorno sólido y legal para el desarrollo de las telecomunicaciones y la radiodifusión en el país.
