Redacción / Agencia. México., 03 de abril de 2025.-En días pasados, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ordenó que ningún artista que haga apología del delito se presente en eventos organizados por el gobierno estatal. Sin embargo, la legislación que prohíbe este tipo de conductas no es nueva, ha estado vigente durante años y sin consecuencias jurídicas.
Expertos advierten que no hay registros de personas procesadas en el estado por este delito, lo que pone en duda la efectividad de la nueva medida y abre una discusión sobre el uso simbólico de la ley en contextos de violencia.
¿Qué dicen los expertos sobre las sanciones por apología del delito?
“El artículo 142 del Código Penal de Jalisco sanciona con hasta seis meses de prisión a quien enaltezca públicamente un delito o a sus autores, pero hasta ahora no hay una sola persona presa por apología del delito en Jalisco”, señala Alfonso Partida Caballero, jefe de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. A su juicio, el anuncio del Ejecutivo estatal refleja más una reacción política ante la presión social que una estrategia legal con efectos reales.
El decreto firmado por Lemus se emitió después de que, durante el concierto del grupo Los Alegres del Barranco en el Auditorio Telmex, se proyectaran imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. El hecho generó indignación pública y llevó a la Fiscalía del estado a abrir una investigación por posible apología del delito.
En ese contexto, el académico Francisco Jiménez Reynoso defendió la medida estatal y aseguró que no vulnera la libertad de expresión, ya que alabar públicamente a criminales constituye un acto sancionable conforme al Código Penal. “Cuando hay una alabanza a los delincuentes que tanto dañan a nuestra sociedad, se está cometiendo ahí un delito”, explicó. Sin embargo, también reconoció que es el Poder Judicial quien debe determinar si se incurre en apología del delito, por lo que propuso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice el tema para establecer criterios jurídicos claros.
El trasfondo de esta tensión entre la norma escrita y la realidad de su aplicación revela una contradicción: mientras se endurecen posturas públicas y se prohíbe a artistas presentarse en escenarios estatales, la figura legal de apología del delito permanece como una sanción casi nunca invocada ni judicializada.
Para los especialistas, esta inacción histórica plantea dudas sobre la viabilidad del reciente veto y si realmente contribuirá a frenar la glorificación de la narcocultura, especialmente en un estado como Jalisco, que acumula más de 15 mil personas desaparecidas y es considerado el bastión del cártel más poderoso del país.
¿Cómo castigan los narcocorridos en otras entidades?
En contraste, otros estados como Baja California, Chihuahua o Nayarit han acompañado sus restricciones a los narcocorridos con sanciones económicas severas o incluso revocación de permisos para organizadores de eventos. En Sinaloa, aunque se ha planteado una iniciativa legislativa para combatir la narcocultura en espacios públicos, esta aún no ha sido aprobada.
“La apología del delito no es un problema moral, es un problema legal y cultural que debe abordarse desde la aplicación efectiva de la ley, no sólo con prohibiciones selectivas o vetos simbólicos”, concluye Partida Caballero.
Así, mientras el gobierno de Jalisco busca marcar distancia frente a los exponentes del narcocorrido, el verdadero desafío parece estar en demostrar que las leyes que ya existen no son letra muerta, sino herramientas reales para construir una cultura de legalidad en una sociedad herida por la violencia
