Redacción / Milenio. México. 5 de diciembre del 2021.- Al advertir que la corrupción ha sido un factor para elevar los índices de pobreza, violencia e inseguridad, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna afirmó que la 65 Legislatura continuará con la construcción de mecanismos para combatir ese flagelo.
Como ejemplo de ello citó las reformas al Código Penal Federal para tipificar como delito grave la corrupción.
Con motivo del Día Internacional contra la Corrupción que se conmemora el 9 de diciembre de cada año, dijo, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados sostendrá esta semana varias sesiones de trabajo a las que acudirán funcionarios comprometidos con la rendición de cuentas y el manejo escrupuloso de los recursos públicos.
Gutiérrez Luna sostuvo en ese contexto que el diseño de estrategias orientadas a combatir la corrupción no solo debe hacerse desde el ejercicio del poder público, sino que deben ir acompañadas de la participación de la sociedad.
Resaltó que la corrupción distorsiona el desarrollo económico y afecta de manera grave el tejido social en nuestro país.
“La corrupción ha sido un factor para elevar los índices de pobreza, violencia e inseguridad, de ahí la importancia que representa su combate en todos los ámbitos”, puntualizó.
Señaló que el combate a ese mal responde no solo a razones morales, sino por la gran cantidad de recursos que se recuperan, los cuales son destinados para impulsar programas en beneficio de las y los ciudadanos más vulnerables.
Recordó que por este concepto el gobierno federal ha ahorrado en lo que va de la administración más de un billón 400 mil millones de pesos.
El diputado presidente reconoció como legitimo el reclamo de las y los mexicanos que exigen la aplicación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, con el propósito de acabar con la impunidad que estuvo presente en anteriores administraciones.
Indicó que la Cámara de Diputados debe fijar como una de sus prioridades legislativas la atención a la recomendación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual exhorta a los gobiernos a aplicar medidas efectivas de protección a quienes denuncien este delito.
