Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX | VentanaVer.- El Gobierno de México, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, expresó este lunes su rechazo al posible restablecimiento del programa “Quédate en México” (MPP, por sus siglas en inglés) anunciado por Donald Trump. En caso de que se implemente nuevamente, México no estará obligado a procesar solicitudes de asilo, según lo declaró el canciller Juan Ramón de la Fuente.
De la Fuente recordó que el programa, aplicado por primera vez en 2019 durante la presidencia de Trump, fue una decisión unilateral del Gobierno estadounidense. “El presidente López Obrador no estuvo de acuerdo, y ahora la indicación de la Presidenta es reiterar que esta sigue siendo una decisión unilateral que no compartimos. Tenemos un enfoque distinto”, señaló el canciller.
Además, subrayó que el MPP no implica obligaciones formales para México, más allá de acuerdos de cooperación vigentes para gestionar la migración irregular. Aclaró también que el programa “Quédate en México” no es un Acuerdo de Tercer País Seguro, ya que este último es un tratado bilateral que establece responsabilidades claras entre los países firmantes.
Para reforzar sus argumentos, De la Fuente presentó las diferencias entre el MPP y un Acuerdo de Tercer País Seguro, destacando que la implementación del primero es unilateral y que México acepta a los deportados no mexicanos por razones humanitarias. Asimismo, explicó que la gestión migratoria bajo este esquema es compartida, con cada país asumiendo la responsabilidad de grupos específicos de nacionalidades.
El “Quédate en México” o Protocolos de Protección a Migrantes (MPP) fue un programa implementado en enero de 2019 por los presidentes Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador. Este permitía a las autoridades fronterizas estadounidenses devolver a los solicitantes de asilo no mexicanos a territorio mexicano, obligándolos a esperar en condiciones precarias mientras se resolvían sus trámites.
Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) denunciaron que este programa expuso a más de 71,000 solicitantes de asilo, incluidos menores de edad y personas con discapacidad, al riesgo de secuestros, extorsiones y violencia. HRW calificó el programa como una violación de los derechos humanos y un intento por desmantelar el sistema de asilo de Estados Unidos.
