Redacción / Milenio. México. 3 de octubre del 2023.- Una jueza federal ató de manos por tiempo indefinido a las autoridades del gobierno federal porque no podrán realizar ningún comentario “incriminatorio” o “condenatorio” contra Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), mientras no exista una sentencia definitiva en su contra en el caso Ayotzinapa.
María Isabel Bernal Hernández, jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, concedió al ex funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) una suspensión definitiva que impide que se le señale como “torturador” o creador de la verdad histórica del caso.
La medida cautelar prevalecerá hasta que se resuelve de fondo el juicio de amparo, a menos que de la Secretaría de Gobernación (Segob) decida impugnar la resolución que acaba de ser dictada.
En su resolutivo, la juzgadora señaló que las víctimas que buscan a sus hijos, los normalistas desaparecidos desde septiembre de 2014, “tienen derecho a conocer la verdad histórica del caso Ayotzinapa” y que se les informe de los avances en relación con el procedimiento.
Sin embargo, en este asunto, “al no estar determinado de manera definitiva, que el quejoso (Tomás Zerón) cometió o participó en la comisión de los hechos que la autoridad señala, y no existe sentencia ejecutoria que así lo establezca, es inconcuso que, las autoridades deben abstenerse de brindar información sugestiva que lo pueda exponer”.
“Sin que, como ya se mencionó, se vea afectado el derecho de acceso a la información de la sociedad, pues no solo los órganos judiciales, sino también las autoridades públicas están obligados a respetar la presunción de inocencia, en tanto no se declare que una persona es culpable de un hecho que la ley señale como delito ante un tribunal”, detalla la resolución.
Por este motivo, la juzgadora ordenó que las autoridades se abstengan de condenar informalmente o a emitan juicio ante la sociedad contribuyendo así a formar una opinión pública, mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal del quejoso.
Asimismo, las autoridades responsables al informar sobre el caso Ayotzinapa, deberán abstenerse de incluir frases incriminatorias en su contra.
