Redacción / Carlos Guzmán, Mexicali. 14 de marzo del 2024.- Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tres ministros han concedido un amparo al empresario Ricardo Salinas Pliego, permitiéndole evadir el pago de 640 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esta decisión ha sido cuestionada y aclarada por el Jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que Salinas Pliego solo recibió un descuento en otra deuda fiscal.
Durante una conferencia de prensa celebrada en Mexicali, Baja California, el presidente López Obrador explicó que otro caso relacionado con Total Play involucra una deuda de 2 mil 366 millones de pesos, aunque se aplicó un descuento de 600 millones, quedando pendientes aún mil 700 millones por pagar.
El mandatario también destacó que persiste una deuda total de 22 mil millones de pesos, heredada desde el gobierno de Vicente Fox, y anunció que brindará más detalles al respecto en una próxima conferencia.
La resolución de la SCJN fue resultado de una votación dividida, con tres votos a favor y dos en contra. Los ministros Javier Láynez Potisek, Yasmín Esquivel y Alberto Pérez Dayán votaron a favor del amparo concedido a la empresa de telecomunicaciones de Salinas Pliego, mientras que Luis María Aguilar y Lenia Batres se opusieron al proyecto.
La ministra Batres expresó su oposición a la deducción de más de 600 millones de pesos para la empresa Total Play, argumentando que se trataba de una contratación indebida.
Con este fallo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ordenará al SAT recalcular la deuda de las empresas de Salinas Pliego, teniendo en cuenta las deducciones avaladas por la SCJN.
Sin embargo, la reacción del empresario no pasó desapercibida. Ante la controversia generada, Salinas Pliego se burló en redes sociales: «Si van a empezar a chillar me avisan, las lágrimas de chairo y de ardilla son deliciosas», escribió.
Este caso ha suscitado un intenso debate sobre la equidad fiscal y la justicia en el sistema legal mexicano, con llamados a una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de los involucrados.
