Redacción / Ventanaver. Ciudad de México, 08 de febrero de 2022.- La Iniciativa de Decreto para reformar los artículos 25, 27 y 28 Constitucionales, relativos al sector energético, tiene que partir de datos reales y garantizar un marco jurídico constitucional que responda a los retos de hoy y las próximas décadas.
Si tomamos datos errados y realidades inexistentes, cualquier modificación legal estará destinada al fracaso.
Estamos en contra de que se impulse una Reforma Constitucional como parte de un legado político, y no como un marco legal que realmente favorezca al pueblo de México.
Existen todos los elementos técnicos, económicos, ambientales, jurídicos y sociales que nos permitan estar preparados para contar con un sector energético fuerte, que dé certeza a la inversión, a la competitividad, la sostenibilidad y responsabilidad social.
En su participación en el Parlamento Abierto convocado por la Cámara de Diputados, Enoch Castellanos Férez llamó a un debate que se dé con argumentos reales y no bajo diagnósticos elaborados con verdades a medias, orientados a favorecer posiciones ideológicas.
Lo que está en juego es lograr una Reforma que garantice la suficiencia, certeza, condiciones y abastecimiento que favorezcan a todos.
Se trata de establecer un marco legal que asegure nuestra viabilidad como país.
Señaló que el sector público y privado han logrado importantes avances para impulsar a un sector que es pilar para la economía mexicana.
Destacó el papel que ha jugado la Comisión Federal de Electricidad, los órganos reguladores, los centros de investigación tecnológica del sector y la coordinación entre la empresa pública y privada.
Como todo sector industrial, es lógico que exista una evolución dentro del sector energético tenemos que evaluar lo que ha funcionado y subsanar dónde nos hemos quedado cortos o se ha fallado. Pero pretender marginar a la inversión privada como eje de la solución, sería como querer correr un maratón con una pierna atada.
Enoch Castellanos propuso tres elementos estratégicos que deben conducir el debate:
Primero. La necesidad de garantizar certeza legal y el derecho de participar libremente en los mercados lícitos. Respetar el derecho de inversionistas y de los trabajadores de la iniciativa privada, sin la amenaza de cancelar los permisos que fueron firmados bajo la normativa vigente.
Segundo. Alcanzar una reforma que incorpore un profundo análisis del sector. Equivocar o manipular datos conlleva a un enorme peligro. Tan sólo unos ejemplos: algunos sostienen que mantener una reserva del 15 o 20 por ciento es suficiente para operar el Sistema Eléctrico Nacional; que eliminar contratos privados ofrecen la posibilidad de desarrollar proyectos de alta eficiencia energética; que las necesidades pueden ignorar las redes eléctricas inteligentes, los sistemas de hidrogeno y la producción de energías limpias. Incluso hay quienes dicen que lo que está en riesgo es la rectoría del Estado. Argumentos que obedecen más a una narrativa política que a una realidad técnica.
Tercero. No sacrificar a la planta productiva privada en aras de las empresas púbicas. Ambas se necesitan y son complementarias. Adquirir energía más barata y suficiente es lo que impulsa la competitividad y la subsistencia de millones de empresas, especialmente de pequeñas y medianas, lo que además se traslada a todos los consumidores.
Enoch Castellanos sostuvo que los representantes del sector privado, público y social, tenemos en nuestras manos una enorme responsabilidad con los mexicanos de ésta y las futuras generaciones.
El análisis debe centrarse en un marco regulatorio que dé certeza legal, genere inversiones, genere empleos, precios justos y competitivos para el combustible y la electricidad.
Llamó a responder a la realidad actual y anticipar los retos futuros. Ni empeñarse en la defensa ciega de lo que hoy tenemos, ni defender una reforma que quiera regresar a un modelo que sirvió en la segunda mitad del siglo pasado, pero que hoy implicaría grandes daños a la economía, a la gente y a los compromisos internacionales que tenemos con las energías limpias.
Una Reforma Constitucional como mandato es demasiado importante como para no lograr un debate de altura, que garantice la convivencia, que concilie intereses de todos y vea por un mejor futuro para los mexicanos.
Estamos en contra de que se impulse una Reforma Constitucional más como un parte de un legado político, y no como un marco legal que realmente favorezca al pueblo de México.
La recuperación económica después de la pandemia de covid-19 y la complejidad de la economía mundial, requerirá todas las herramientas y recursos disponibles. La decisión de alcanzar la mejor reforma está en ustedes.
