Redacción / Agencia. Ciudad de México., 24 de abril de 2023.- Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual busca homologar los procesos de la llamada justicia cotidiana en todo el país.
La reforma privilegia la solución de conflictos sobre los formalismos procesales, establece que los principios rectores de los procedimientos civiles y familiares serán la oralidad, el interés superior de la niñez y la perspectiva de género y plantea la obligación de los juzgadores de hacer uso de la justicia alternativa en la solución de controversias.
El Código, avalado con 481 votos a favor, fue enviado al Ejecutivo para su publicación, luego de que el Pleno rechazó las reservas presentadas por las bancadas de PAN, Movimiento Ciudadano y el PT, algunas de las cuales planteaban ampliar de 2027 a 2030 su entrada en vigor.
Señala que la autoridad debe ajustar los procedimientos cuando se trate de personas de grupos vulnerables, indica que el Poder Judicial Federal y de los estados habilitarán sistemas de justicia digital con diseños y formatos accesibles, así como una Oficialía de Partes Común, a través de la cual se presentarán escritos de demanda o promociones posteriores de manera electrónica o escrita y abre la posibilidad de celebrar audiencias virtuales.
El Código plantea que en los juicios que versen sobre alimentos, derechos de niñas, niños y adolescentes, controversias familiares y por violencia familiar, todos los días y horas serán hábiles, prohíbe a las autoridades jurisdiccionales aplazar, dilatar o negar resoluciones, salvo en casos previstos por la ley, y regula las acciones colectivas, además de que reduce de 30 a 15 el número de personas que pueden interponerlas.
El nuevo instrumento norma también el procedimiento especial de declaración de ausencia por desaparición de personas y agiliza los procesos de adopción.
Durante la discusión de la minuta, el panista Felipe Fernando Macías, presidente de la Comisión de Justicia, indicó que el nuevo Código es la legislación más importante en materia jurídica desde la reforma penal de 2008, pero de mayor calado.
Indicó que en el país se llevan a cabo cerca de un millón 500 mil juicios, de los cuales el 64 por ciento son de la materia civil y familiar, por lo que el nuevo instrumento aborda las nuevas reglas que las personas están llevando a los juzgados para atender sus problemas cotidianos.
«Este Código se puede convertir en un verdadero instrumento de pacificación social para que los conflictos que se dan desde el núcleo, se puedan atajar ahí y no puedan derivarse en hechos violentos posteriores», dijo.
El legislador afirmó que con el nuevo Código terminan los viacrucis de las madres de familia por estar persiguiendo a los padres que no dan pensión alimenticia, porque ahora se podrán dar pensiones provisionales en menos de 24 horas y los centros de trabajo de los poderes Judiciales tendrán que dar en menos de tres días los descuentos a los deudores.
Detalló que los juzgadores podrán emitir sentencias en menos de 30 días en casos de adeudos de arrendamientos, dar sentencias de divorcio en menos de 15 días y evitar que los procesos de adopción duran años, como actualmente ocurre, pero siempre garantizando el interés superior de la niñez.
Subrayó que incluyeron conceptos como juicios sumarios orales, a partir de los cuales las y los juzgadores podrán decidir qué casos se podrán dirimir en menos de 30 días y de manera oral y se dan avances en materia de digitalización de los juicios, para evitar que abogados retrasen procesos de manera dolosa y deliberada.
La vicecoordinadora del PRD, Elizabeth Pérez, aseguró que con el Código Nacional, las y los diputados atienden el clamor de la ciudadanía al mejoramiento en el acceso de la denominada justicia cotidiana, ya que con el nuevo instrumento, ésta se impartirá con perspectiva de género y apego total a los derechos humanos.
Señaló que a través de éste se homogeneizan los procesos y plazos a nivel nacional, se implementa un sistema de ejecución de sentencia breve por audiencias, se pondera el principio de igualdad y de no discriminación entre las partes y, en caso de pueblos originarios y afromexicanos, se establece que las autoridades deberán considerar sus usos y costumbre y allegarse pruebas periciales incluso en materia de antropología social.
Además, abundó, establece que la justicia deberá adquirir oficiosamente pruebas para adoptar medidas provisionales ante casos de violencia de género.
«Hoy atendemos los reclamos de las mujeres que por décadas han sido invisibilizadas por la justicia que prefería cerrar los ojos ante la violencia de todos los días», afirmó.
La priista Sue Ellen Bernal advirtió que para ver consolidada la aplicación del nuevo Código el 1º de abril de 2027, es indispensable la capacitación para juzgadores y litigantes, el desarrollo de infraestructura y mobiliario y el acceso a tecnología.
Señaló que para todo ello se requiere presupuesto y, como ejemplo, dijo que los tribunales locales atienden tres veces más litigios que el Poder Judicial de la Federación, pero reciben la mitad del presupuesto.
«Parte importante de la implementación de este nuevo Código se resume a presupuesto, presupuesto y presupuesto. Esperamos ver el interés y disposición necesaria para la implementación exitosa de este nuevo Código desde la discusión del próximo Presupuesto de Egresos», demandó.
En este momento, las y los diputados discuten las reservas presentadas por las bancadas del PAN, del PT y de Movimiento Ciudadano.
Fuente: Reforma.
