Redacción / Ventanaver. Tuxpan, Ver., 17 de marzo de 2021.- La juez Alejandra Castañeda Priego, designada por el Poder Judicial para juzgar a Rogelio “N”, acusado de ultrajes, ha violado los derechos del imputado al desechar datos de prueba que pudieron servir para fijar una medida cautelar distinta a la prisión preventiva.
La defensa del líder perredista denunció que el informe emitido por la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca) presenta datos falsos y es inadmisible que la jueza haya desechado evidencias; de esta manera, 8 recibos de luz, pago de predial y escrituras de la casa no fueron suficientes, es más, ni siquiera procedió a valorarlas; la juez del caso no hallaba argumento para justificar su resolución, por lo que dio 4 recesos, la audiencia se apertura a las 13:30 horas y se cerró a las 23:30 de la noche.
El domicilio que Rogelio “N” dio a las autoridades se ubica en la capital del estado, y la fiscalía hizo alusión a este que no contaba con un arraigo estatal, es decir, que no vive en el estado. Por lo tanto, bastó con la opinión técnica de la Umeca para considerar que existía riesgo de fuga del imputado o que no compareciera en el proceso para decretar una prisión necesaria.
En este sentido, en el informe policial homologado se establece que el policía que se dijo violentado responde al nombre de Juan M.P., y la detención ocurrió sobre el bulevar Independencia de la colonia CTM, justo frente a un negocio denominado Villa Tamiahua.
Y si bien el ministerio público insiste en que fue mediante actos de investigación que la Policía logró ubicar al imputado al saber que existía una orden de aprehensión en su contra, lo cierto es que los agentes habían ubicado desde un día antes al ex funcionario estatal por una fotografía donde aparecía junto a otros políticos en un conocido hotel del puerto y que circuló en redes sociales.
De esta manera, el exsecretario de gobierno dijo estar convencido de que se trata de una investigación planeada a modo, con el fin de dejarlo fuera de la contienda electoral.
Primero, porque el 10 de marzo, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) exigió que se le retirara la candidatura para contender por la diputación federal, pero el OPLE tendría la última respuesta.
Tan solo un día después, el 11 de marzo, diputados aprobaron reformas al código penal del estado en materia de extorsión, robo, despojo, ultrajes a la autoridad, contra las instituciones de seguridad pública y contra la seguridad de la comunidad. Ese mismo día, el congreso informó que se incrementaban las penas a las conductas de ultraje a la autoridad, con el objeto de que sean acorde con el hecho criminal que representa, ya que trastoca en el marco del ejercicio de las funciones del servidor público.
Para el 12 de marzo, Guillermo Vargas Hernández, juez de control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral con sede en Pacho Viejo, Veracruz, concedió a la FGE con sede en Xalapa una orden de aprehensión por violencia familiar dentro de la causa penal 057/2021.
El 13 de marzo, la Policía pretendía ejecutar esa orden, pero se vieron impedidos porque Rogelio contaba con un amparo; sus abogados alegaron que fue tras una provocación e insultos de los policías que finalmente Rogelio “N” los agredió, pero también resultó lesionado por uno de los agentes, no obstante, la FGE asegura que uno de los 4 policías ministeriales que participaban en el operativo (Juan M.P) supuestamente teme por su existencia y además de exigir el pago de una playera, necesita terapia psicológica.
Rogelio ingresó al penal de Tuxpan antes de las cero horas del martes, y permanecerá ahí por lo menos 8 meses, según determinó la juez del caso.
Ahora bien, en sus redes sociales, el líder perredista advirtió que teme por su integridad, pues mientras fungió como secretario de gobierno encabezó operativos de combate a la delincuencia, y responsabilizó a las autoridades veracruzanas.
- 10 marzo: Morena solicita se le retire candidatura.
- 11 marzo: Diputados reforman ley que considera grave los ultrajes a la autoridad.
- 12 marzo: Juez gira orden de aprehensión.
- 13 marzo: Policías intentan ejecutar orden, pero estaba amparado; ese día lo detienen por ultrajes.
- 14 marzo: Lo presentan a declarar ante las FGE.
- 15 marzo: Juez dicta prisión preventiva justificada; ingresa al penal.
- 20 marzo: Será vinculado a proceso (8:00 AM).
