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Presume Órgano Interno de Control del INE presunto daño patrimonial por 124 mpd

Redacción / Reforma. Ciudad de México., 18 de septiembre de 2019.- El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) estimó un daño patrimonial por 124 millones de pesos por irregularidades en la adquisición del polémico edificio de Acoxpa.

En su informe semestral, que discutirá el Consejo General este miércoles, indica que encontró medio centenar de irregularidades en la aplicación del gasto del organismo en 2018, incluyendo vehículos no localizados, compras sin comprobar, contratos incumplidos y adjudicaciones directas no permitidas.

“El Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró la validez de este Órgano Interno, que acreditó un daño patrimonial por $124,634,367.33, el cual fue impugnado por el servidor público, mediante amparo directo, ante los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito”, señala.

“Éste resolvió negarle el amparo, por lo que se está en espera de que cause estado la resolución respectiva, para remitir el asunto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que ésta haga efectivo el crédito fiscal, sanción que se impuso al servidor público por irregularidades en la adquisición del inmueble de Acoxpa que causaron un daño patrimonial al instituto”.

Hasta el momento existe una inhabilitación por un año y sanción económica por 241 mil 484 pesos por irregularidades en la obra.

En 2009, la compra de ese edificio causa polémica porque costó al Instituto 250 millones de pesos, cuando estaba valuado en 198 millones.

Es un inmueble de ocho niveles ubicado en calzada Acoxpa 436, en Tlalpan, el cual alberga a más de 400 empleados del área de fiscalización y monitoreo de spots.

El OIC realizó en seis meses 16 auditorías de las 26 programadas para 2019: ocho financieras, una especial, cuatro de desempeño y tres de obra pública e inversión física.
Las otras irregularidades

Entre las casi 50 anomalías que detectó e investiga el OIC está la “no ubicación” en la base de datos del inventario de vehículos patrimoniales del INE 320 unidades, por lo que se desconoce si existen físicamente.

En ese mismo rubro, existen diversas anomalías en el registro de vehículos, arrendamiento de éstos e indemnizaciones por seguros.

Se informa que no se aplicaron penas y deducciones por 8.8 millones a las empresas de servicio limpieza, y en ese mismo rubro se gastaron 5 millones en algunas áreas, pero se reportaron en otras.

En el voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero se duda de su eficiencia y rigor, pues pidió recursos para una campaña a 35.3 millones de connacionales, pero la CONAPO afirma que los participantes solo pueden ser 11.5 millones.

Se pagaron 3.6 millones de pesos sin comprobar que los mensajes hubieran llegado; gastaron 1.5 millones de pesos en 27 videos, pero no están en la lista de spots producidos por el Instituto.

Seis direcciones o unidades gastaron 9.9 millones de pesos en asesorías, estudios e investigaciones, a pesar de que tienen en su estructura 37 personas para realizar dicho trabajo.

En los órganos desconcentrados -consejos y juntas en los estados- se aceptaron rentas de vehículos por 1.1 millones sin comprobantes; en Querétaro se contrataron 3.5 millones de pesos en servicios sin respetar los procesos normativos; y en Guanajuato, Michoacán, Nuevo León y Ciudad de México se dieron adjudicaciones directas cuando debían ser licitaciones.

“Se realizaron 1,249 pagos por 17.3 millones de pesos, sin haber generado en tiempo y forma el Oficio de Solicitud de Pago, observando desfases en su elaboración”, agrega.

Incluso se acusa irregularidades en la remodelación de sanitarios en las oficinas de Tlalpan, en las que se gastaron 13.3 millones de pesos, pues afirman que no cumplen con las normas técnicas ni con el reglamento de construcción de la Ciudad de México.Por ejemplo, se otorgaron subcontrataciones en mano de obra para ese proyecto por 2 millones de pesos.

El OIC afirma que se gastaron 31 millones de pesos en el fortalecimiento de la confianza ciudadana y acceso a la información y protección de datos personales, pero existen deficiencias en sus campañas.

La contraloría cierra su informe advirtiendo que las acciones jurídicas que implementa el Instituto no van “acorde al combate a la corrupción y la impunidad”.

“Puesto que en muchos asuntos que el OIC debió conocer y hacer una investigación exhaustiva para determinar si existía algún tipo de responsabilidad administrativa, de forma sistemática se daba vista a otras áreas del Instituto, lo que impidió desplegar con toda su fuerza sus facultades constitucionales y legales”, añade.