Justicia Principal

Pone Justicia Federal en la mira a magistradas veracruzanas

Redacción / Ventanaver. Xalapa, Ver., 21 de septiembre de 2020.- La nueva magistrada Itzel Castro Castillo, presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, debido a su ineptitud o negligencia no ha sabido dar legal cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo 72/2018, del índice del juzgado octavo de distrito con sede en Tuxpan, promovido por el apoderado legal de los empleados despedidos del ayuntamiento de Ozuluama, Ver.

El juez federal ordenó, en fecha 18 del mes en curso, textualmente lo siguiente: “Requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz para que en el término de tres días hábiles contados a partir de su legal notificación, informe del cumplimiento del fallo protector, para la ejecución del laudo dictado en el expediente 471/2008- III de su índice”.

Asimismo, se le hizo saber que, al margen de la multa que se le imponga, en caso de contumacia o evasivas, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto, inhabilitación para ocupar otro cargo público y su consignación ante la autoridad judicial competente para el inicio de la carpeta de investigación ministerial federal a que haya lugar, tal como lo prevé el artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo.

Los efectos para los que se concedió la protección federal, fueron para que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz requiera al ayuntamiento constitucional de Ozuluama, que acate los mandatos y de manera inmediata adopte los mecanismos legales conducentes, a efecto de cumplir con la condena que se le impuso en el laudo del 11 de mayo de 2010, dictado dentro del expediente laboral 471/2008, de su índice, por la cual condenó a dicho ayuntamiento, a efecto de lograr la liquidación de los montos que adeuda a la parte peticionaria del amparo.

Sin embargo, en caso de que la citada dependencia condenada no lograra recaudar la suma total que se exige en el laudo, el Tribunal responsable podrá ordenar que venda bienes de su propiedad y con ello liquide en forma total las prestaciones a las cuales fue condenada en el laudo.

SOFÍA MARTÍNEZ, OTRA MAGISTRADA EN PROBLEMAS

Por otra parte, la magistrada presidenta Sofia Martínez Huerta, deberá acatar en el término de tres días, una vez que le haya sido notificado el mandamiento judicial ordenado en autos del juicio de amparo 402/2019, radicado en el juzgado decimoséptimo de distrito, referente a la reinstalación del magistrado Roberto Dorantes Romero, a quien ilegalmente se le aplicó el retiro forzoso.

En atención a lo anterior, al magistrado le fue concedido un amparo por la Justicia de la Unión, pero la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado se ha negado a cumplir la sentencia, haciéndose el requerimiento que, para el caso de no cumplir con tal determinación, incurre en delitos establecidos en la ley de amparo, por repetición del acto reclamado, desacato al cumplimiento de la ejecutoria federal y por lo tanto, en abuso de autoridad, todo ello establecido en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo.