• Iniciativa de Adrián Sigfrido Ávila Estrada busca proteger derechos de las comunidades y al medio ambiente

Redacción / Ventanaver. Xalapa, Ver., 11 de diciembre de 2024.- Mediante una Iniciativa para actualizar la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del estado, el diputado Adrián Sigfrido Ávila Estrada propuso acciones para la protección de los derechos de las comunidades y del medio ambiente en el desarrollo de megaproyectos de infraestructura.

De acuerdo con su proponente, esta iniciativa busca garantizar el derecho a la consulta a las comunidades que se vean afectadas por proyectos de desarrollo e infraestructura de gran escala, señalando supuestos como afectaciones al territorio de las comunidades, de sus recursos, del medio ambiente o de su organización social y comunitaria.

Dichas consultas tendrían carácter vinculatorio para determinar el diseño, la planeación y la ejecución del proyecto y se realizarían de manera colectiva con las comunidades afectadas, para la realización de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura que realicen las dependencias y entidades de la administración pública estatal, así como los municipios. Dichos procesos serán coordinados y desarrollados por el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.

También plantea incorporar la figura de Consulta Ciudadana, definida como “el procedimiento mediante el cual se ejerce el derecho colectivo de las comunidades a ser consultadas cuando se prevea el desarrollo de proyectos que realicen las entidades y dependencias, susceptibles de afectar directamente sus intereses y derechos”.

Añade además el Capítulo X titulado “Del derecho a la consulta ciudadana” con una sección única denominada “De las consultas ciudadanas para la planeación y ejecución de obras” y un Artículo 87 en el que se señala que serán sometidas a consulta ciudadana las obras de infraestructura que generen a las comunidades afectaciones como: Pérdida de territorio, desalojo de sus tierras, agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural; destrucción y contaminación del ambiente; afectaciones a la organización social y comunitaria e impactos negativos sanitarios y nutricionales.

De solicitarse una consulta ciudadana por parte de las comunidades, ésta se realizaría de manera colectiva y directa a través del procedimiento de participación que determine el Organismo Público Local Electoral del Estado (OPLE) de Veracruz en consenso con las comunidades afectadas.

Por último, una vez solicitada y autorizada la consulta ciudadana, la aprobación de los proyectos de infraestructura estaría sujeta al consentimiento libre, previo e informado de los habitantes de las comunidades afectadas, y su decisión sería vinculatoria para el diseño, planeación y ejecución del proyecto.

Con la adhesión de la diputada María Elena Córdova Molina, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XLVII y XLVIII del Artículo 2 y se adicionan la fracción XLIX al Artículo 2, así como el Capítulo X “Del Derecho a la Consulta”, conformado por una Sección Única “De las Consultas para la Planeación y Ejecución de Obras”, integrada por el Artículo 87, todos de la Ley de Obras Pública y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Comunicaciones y de Organización Política y Procesos Electorales.

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