Choferes de pipas denuncian abuso de autoridad en fronteras

Redacción / Agencia. México., 09 de abril de 2025.-El presunto abuso de autoridad cometido por personal de Pemex contra los operadores de 16 pipas que ingresaron el lunes de Estados Unidos a Reynosa por el Puente Pharr, no es el único caso documentado en esta frontera del cual se han señalado irregularidades en el protocolo de actuación, que han tenido consecuencias graves.

La mañana del pasado viernes 4 de abril, fecha en que inició el operativo federal ordenado contra el ‘huachicol’ fiscal, un total de 18 pipas con combustible exportado por P.M.I. Desingnated Activity Company desde Brownsville, Texas, es decir, Pemex de Estados Unidos, y cuyo importador fue PEMEX en Durango, fueron detenidas por quienes se ostentaron como encargados del filtro de revisión de Pemex, argumentando falta de documentación.

Uno de los 18 operadores afectados, relató que tal como se requiere, contaban con la documentación de importación: pedimentos, Shipper, facturas, DODA, la Carta Porte y el BOL de carga, que ya habían presentado minutos antes en la Aduana de México, sin embargo, al llegar a este retén ubicado en Reynosa, sobre el Puente Internacional Pharr, el personal de Pemex les solicitó que mostraran el pedimento consolidado, pero de acuerdo a la Ley, éste se emite de forma semanal, y no por cada pipa derivada.

A pesar de la explicación, los verificadores de Pemex decidieron alertar a las autoridades federales, acusándolos de presuntos actos delictivos.

Tras cerca de ocho horas varados sobre el puente Pharr, los choferes fueron enviados en custodia de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano hacia las instalaciones de Pemex Reynosa, en donde aún sin concluir la investigación, procedieron a tomar fotografías de «evidencia» del supuesto resultado del operativo.

Posteriormente los 18 choferes fueron consignados a las celdas preventivas de la Fiscalía General de la República en Reynosa, donde permanecieron 48 horas bajo detención. Al no comprobarse la comisión de delitos, fueron liberados, mientras que las unidades permanecían detenidas en las instalaciones de Pemex.

El afectado señala que la investigación sigue abierta, y aunque están en libertad, se encuentran sin la posibilidad de regresar a trabajar, afectando la economía de sus familias. Esta situación podría dejar en riesgo además los documentos indispensables para su trabajo, como la visa, por lo que piden al Gobierno Federal se realice una verificación del actuar de quienes están a cargo de estas revisiones.

Fuente: Milenio