- “Vamos a trabajar con total firmeza para combatir la corrupción”: diputado Angulo Briceño
- Las y los legisladores expusieron sus cuestionamientos
Redacción / Ventanaver. Ciudad de México., 24 de marzo de 2022.- La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) realizó una reunión de trabajo con el Auditor Especial de Seguimiento, Informes e Investigación de la ASF, Nemecio Ibáñez Aguirre, para analizar el Informe General de resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 y la Tercera Entrega del Informe de Resultado de la Fiscalización Superior del mismo ejercicio fiscal.
El presidente de la instancia legislativa, diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño (PRI), afirmó: “Vamos a trabajar con total firmeza para combatir la corrupción”, porque es un problema que va más allá de los partidos políticos, que supera los sexenios y está presente en todos los órdenes de gobierno.
La Comisión de Vigilancia será la primera en pugnar por darle trámite a lo auditado y se tenga conocimiento de un daño patrimonial, para llegar a acciones y haya certeza de que el patrimonio se va a reintegrar y quienes cometan actos de corrupción terminen en sanciones penales, con el espíritu de lograr mejores resultados, aseguró.
Cada vez que un funcionario público desvía o hace mal uso del recurso público impide que lleguen beneficios a la población. Cuente con el respaldo de la Comisión de Vigilancia para fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación, subrayó.
Deben redoblarse esfuerzos, donde la ASF junto con la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Vigilancia y la Unidad de Evaluación y Control refrendan el compromiso indeclinable de combatir este fenómeno, porque los recursos de las y los mexicanos son patrimonio de la nación, apuntó.
Tres rondas de cuestionamientos de diputadas y diputados
Al realizarse tres rondas de preguntas, la diputada de Morena, Inés Parra Juárez aseguró que el auditor de Seguimiento es donde se van a tratar los temas de denuncias ante la Fiscalía, y es donde aterrizará el trabajo de las irregularidades que detecte la auditoría. “será el cazador de corruptos”.
Afirmó que la denuncia de hechos es parte fundamental para acusaciones de corrupción. Es preocupante que por tiempos procesales muchas denuncias lleguen a caer en sobreseimiento. Pidió explique el estado que guardan estas querellas desde 2016 y si ya excedió el tiempo para presentarlas.
El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, de MC, pidió conocer qué estrategia utilizan para la notificación, los tiempos utilizados y cómo se puede contribuir desde la Comisión para elevarlo a rango de ley.
El diputado Victoriano Wences Real (PT) solicitó al funcionario precisar qué proporción de las 713 promociones de responsabilidad administrativa sancionadora terminará en denuncia de hechos y cuáles serán los criterios para tomar la decisión de denunciar.
Del PVEM, el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo, cuestionó que si antes las observaciones eran realizadas por las mismas áreas que hacían las auditorías, cuál fue la necesidad de crear un área nueva y si sería factible que hubiera continuidad de la organización como era antes.
Por el PRI, el diputado Hiram Hernández Zetina preguntó al funcionario si la Auditoría Especial, que lleva tres años ocho meses de atender el seguimiento de las acciones de la ASF, cumple con los objetivos para los que fue creada.
La diputada Sonia Murillo Manríquez (PAN) comentó que cuando nace el área de seguimiento en el 2018, se les dio los expedientes que hay desde el 2015, con un retraso de 13 mil acciones por atender, por lo que solicitó explicar la estrategia para efectuar las emisiones de pronunciamientos de la Cuenta Pública 2020 dentro del término de 120 días y no se convierta en un rezago más.
De Morena, la diputada Lidia García Anaya pidió al auditor comente sobre el tema del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, así como los mecanismos para destinar recursos a obra y acciones que beneficien a la población con altos niveles de rezago social y pobreza extrema, además de las principales observaciones en el caso de San Luis Potosí, donde hubo un probable daño a la Hacienda Pública por 147.15 millones de pesos.
También de Morena, el diputado Azael Santiago Chepi reconoció el desempeño de la Auditoría Especial, a la cual es muy importante fortalecer e invitó a sus pares a hacerlo. Indicó que hay que darle seguimiento a la fiscalización para poder exigir información y resultados. Pidió información sobre las más de 60 denuncias penales que estaba por presentar el anterior auditor Especial de Cumplimiento Financiero.
La diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva (Morena) apuntó que con estas actividades se cuidan los recursos del pueblo. Pidió trabajar de cerca con esta Legislatura y solicitó el punto de vista del auditor especial de qué es lo que hace falta al área que audita y en qué puede contribuir la Comisión.
La diputada del PAN, María Elena Pérez-Jaén Zermeño solicitó saber de las 3 mil 868 acciones sin aclarar de las cuentas públicas 2017 a 2019 por más de 224 mil millones de pesos, cuáles darán lugar a una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República o cuáles se irán al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Cómo da seguimiento a este mundo de acciones?
El diputado Raymundo Atanacio Luna (Morena) puntualizó que la rendición de cuentas y la transparencia de recursos públicos no tienen partido político, por lo que “sea el partido que sea, si hay que utilizar mano dura contará con el respaldo del grupo parlamentario de Morena”.
El diputado Juan Guadalupe Torres Navarro (Morena) preguntó sobre una insolventación en el municipio de Mazatlán en 2020 por una cantidad de 819 millones 416 mil pesos por conceptos incurridos del capítulo mil, gastos personas, así como por Hacienda donde no se devolvió el ISR por más de cuatro millones y si ya se dictaminó en favor o en contra el caso.
Respuestas del Auditor Especial a las y los diputados
Al dar respuesta a las y los diputados, el Auditor Especial de Seguimiento, Informes e Investigación de la ASF, Nemecio Ibáñez Aguirre, señaló que las notificaciones son un reto por la variedad, especialmente en gasto federalizado pues están muy dispersos en áreas y municipios.
No obstante, cuentan con grupos especializados de notificadores con rutas y se entregan en tiempo y forma las notificaciones, mediante 16 servidores públicos, además de que la atención digital permitirá hacer esto de una forma inmediata, por ello se está trabajando en dicho proceso.
Dijo que la proporción de las acciones va en 30 por ciento solventadas y 70 por ciento pasa al área de integración del expediente para el jurídico.
Afirmó que el área de la Auditoría Especial cumple objetivos con un esquema de mejora constante, pero se puede hacer más y hay pendientes, pero en algún momento se podrá cumplir al 100 por ciento, además que se trabaja en paralelo de todo lo que está llegando. “Nos vamos a ceñir a los tiempos de las respuestas y las no respuestas y en el lapso de los 120 días se emitirán los pronunciamientos”.
Respecto al caso de San Luis Potosí, aclaró que hay secrecía por lo que no se pueden comentar respecto de los auditados.
Ibáñez Aguirre aseguró que en la Auditoría Especial de Seguimiento se actúa con ética y la única línea son las leyes y normas que rigen a la Auditoría Especial y estar dentro de las políticas planteadas. Además, están sujetos a la revisión de la Unidad de Evaluación y Control. “Tengan la certeza de que trabajamos con toda honestidad y ética para cumplir con los objetivos de la ASF y combatir la corrupción”, aseguró.
Destacó el propósito de mejorar la reorganización interna de la Auditoría Especial a través de un proceso peculiar y complicado sin afectar las actividades de la Auditoría Especial; no obstante, se logró hacer la transferencia de expedientes. Consideró la factibilidad de modificar algunas normas legales para hacer más eficiente el trabajo de la ASF y de sus áreas especiales.
Explicó que la reestructuración interna de su área se concretó en noviembre de 2021; no obstante, el impacto esperado ya se ha reflejado en la atención que se otorga a los entes auditados. Los beneficios concretos son la mejora en los tiempos de valoración de acciones y recomendaciones, se creó un grupo interdisciplinario de personal para tener mayor certeza en el análisis de la información, se homologan los criterios de acciones y recomendaciones, se especializa al personal con una constante evaluación interna y se integran nuevos expertos.
Sobre las 60 denuncias penales que estaba por presentar el anterior auditor especial de Cumplimiento Financiero, refirió la posibilidad de que la Auditoría de Seguimiento pueda presentar las denuncias de hechos; sin embargo, con la modificación al Reglamento interno de la ASF, comentó que esta acción se remitió a la Auditoría de Asuntos Jurídicos en función de mejorar y adecuar la propia legislación interna de la Auditoría Superior.
El funcionario aseguró que la Auditoría Especial cuenta con el apoyo de la Comisión y del auditor en general, además de que debe trabajarse en los informes, a fin de ser más eficiente para retroalimentar, ya que es una base de datos valiosísima.
Señaló que efectivamente hay un rezago, pero no hay situaciones de caducidad, aunado a que llevan en paralelo lo nuevo con la certeza que no se dejará que ningún expediente pase a prescripción.
En disposición de aclarar asuntos que se marcan en la secrecía, el auditor comentó que desconoce el caso concreto de Mazatlán, pero dijo que se puede saber si procede o no.
En su primera participación, el auditor especial reseñó las actividades de esta área creada el 13 de julio de 2018, la cual registró una actualización durante 2019 y 2020, con los objetivos de mejorar los procedimientos a través de una reingeniería en su interior.
Destacó la utilización de las herramientas tecnológicas para agilizar la fiscalización, con lo cual se van a disminuir los tiempos de notificación, se facilitará el envío de información y se dará seguridad y certeza jurídica a través del Buzón Digital de la ASF.
Sobre la Entrega de Informes Individuales de la Cuenta Pública 2020, dijo que se realizaron mil 616 auditorías que generaron 3 mil 787 acciones y recomendaciones, relativos a la primera entrega, dos mil 403 notificaciones de la segunda y en la tercera, se está iniciando la entrega de informes, cuyo plazo vence el 25 abril entrante. En octubre próximo se emitirán los pronunciamientos de esta entrega, que se presentó en febrero anterior.
En ese ejercicio fiscal las áreas auditoras emitieron mil 139 pliegos de observaciones, 204 aclaraciones, mil 598 recomendaciones y 846 de desempeño, es el universo que tiene el área de Seguimiento para darle trámite a la Cuenta Pública 2020. Con ello, agregó, el volumen que recibe la Auditoría Especial de Seguimiento es significativo.
Al respecto, precisó que las áreas fiscalizadoras utilizan las auditorías digitales en la Cuenta Pública 2020, que se incrementaron en la revisión del ejercicio fiscal 2021.
Asimismo, se eliminarán obstáculos operativos en las tareas de solventación, se fortalecerá la integridad y especialización de los servidores públicos que participan en la fiscalización y se concentrará el análisis de la información presentada por los entes auditados en un área independiente a las unidades auditoras.
Explicó que la Auditoría Especial realiza la indagación de faltas administrativas, a través de los dictámenes técnicos que elabora. Comentó que se recuperaron expedientes pendientes de las demás áreas logrando una consolidación de acciones de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación.
