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Errónea visión de relatores de ONU “Ley Garrote”, dice gobernador

Redacción / Notimex. Villahermosa, Tabasco. 21 Agosto del 2019 .- Autoridades de Tabasco señalaron que los relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que pidieron al gobierno federal interponer una acción de inconstitucionalidad contra la llamada “Ley Garrote”, “se equivocan porque ni siquiera leyeron la reforma”.
El mandatario estatal, Adán Augusto López Hernández, expuso que los tres relatores tienen todo el derecho de manifestar una opinión, pero que “alguien les pasó mal el fax, porque hablan de un artículo que no existe como tal en el Código Penal”.

En entrevista con medios de comunicación, refirió que según los integrantes de la ONU, el artículo de la controversia, el 308 Bis, estipula penas para todo que aquel que impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, maquinaria o equipo especializado; “se les olvida que este no es el texto”, apuntó.

Antes, el mandatario dio lectura al artículo tal como fue aprobado por el Congreso del Estado.

“Al que extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas, e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar, para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local al que se refiere el artículo 306, se le impondrá prisión de seis a 13 años y multas…”, refirió.

La ONU, expuso, tiene todo su respeto y reconocimiento como una institución baluarte a nivel mundial, y en el caso de los relatores están en su derecho de presentar alguna acción jurídica de inconstitucionalidad, inconformidad o amparo.

López Hernández puntualizó que el tema ha sido objeto de mucha controversia de quienes quieren sacar “raja política y como en este caso, ni siquiera conocen la reforma al Código (Penal)”, concluyó.

En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, los relatores, David Kaye, Clement Nyaletsossi y Michel Forts, pidieron al mandatrio su intervención al considerar que la modificación puede tener efecto negativo en quienes defiendan sus derechos, en particular los habitantes de comunidades indígenas afectadas por megaproyectos.

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