Estado GENERAL

Decidirían padres el orden de los apellidos de sus hijos

  • Presentan los diputados Alfredo Gándara y Gabriela Arango Iniciativa que reforma los artículos 47 y 48 del Código Civil del estado
  • La legislación actual es inequitativa para las mujeres, y por ello debe modificarse, señaló la Legisladora

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Redacción / Xalapa, Ver., 8 de enero de 2015.- En Veracruz, los padres que registren a sus hijos podrían optar por determinar el orden de los apellidos conforme lo convengan, de aprobarse la Iniciativa que presentaron al Pleno del Congreso de Veracruz los diputados Juan Alfredo Gándara Andrade y Gabriela Arango Gibb, durante la Novena Sesión Ordinaria del segundo año de labores.

En la propuesta, leída por la diputada Gabriela Arango y turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, se plantea que actualmente los artículos 47 y 48 del Código Civil del Estado imponen que al registrar a un hijo, además del nombre, deberá seguirlo el primer apellido del padre, y a continuación, el primer apellido de la madre.

Esto resulta un tratamiento inequitativo para las mujeres –señalan los legisladores–, quienes proponen que los hijos del matrimonio lleven el nombre o nombres propios que impongan sus padres, seguidos del primer apellido del padre o la madre, en el orden que determinen de común acuerdo. En caso de desacuerdo, se mantendrá en primer término el apellido paterno.

Los hijos nacidos fuera del matrimonio llevarían el nombre o nombres que les impongan quien o quienes los reconozcan, seguidos del primer apellido del padre y del primer apellido de la madre, si ambos los reconocen. Si sólo uno de los progenitores lo hace, llevará sus dos apellidos.

Con esta reforma, expuso Gabriela Arango en tribuna, Veracruz se adecuaría al tratado internacional Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, vigente en México desde 1981, que obliga a los estados a adoptar medidas legislativas para consagrar el principio de igualdad entre hombres y mujeres.

Este convenio internacional, de observancia obligatoria en nuestro país –explicó–, dispone que las entidades adopten medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en lo correspondiente al matrimonio y relaciones familiares. En particular, asegurar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: “Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, en relación con sus hijos”.