STPRM para Veracruz
Pluma Negra
Ignacio Álvarez
La renuncia voluntaria de Carlos Romero Deschamps como Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en noviembre del 2019, fue apenas el primer aviso para el grupo en el poder y los 36 dirigentes seccionales del país, quienes por más de 30 convirtieron a la paraestatal en el ejemplo de pudrición y contaminación laboral, con los vicios más inimaginables tolerados por el viejo régimen.
El 27 de junio del 2019, representantes de 27 de las 36 secciones del STPRM lograron una asamblea extraordinaria en la que eligieron a Luis Enrique del Angel Bauza de la Sección 30 de Poza Rica, como nuevo líder nacional que de acuerdo a los estatutos debería sustituir a Romero Deschamps para un periodo de seis años.
Sin embargo, con la validez de la asamblea, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aún no otorga la Toma de Nota al nuevo Comité Nacional electo y se mantiene al frente como interino, el incondicional de Romero, Manuel Limón Hernández quien se protege como diputado federal del PRI, pero con complicaciones por el Covid-19.
En esas condiciones la STPS y la propia empresa está contra la pared; primero, porque la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo con el STPRM tiene dos meses de atraso y segundo, porque la legitimidad del Comité Ejecutivo no está definida.
El pasado lunes 20 de septiembre, el comité interino emplazó a huelga a la empresa que dirige Octavio Romero Oropeza, sin que exista un pronunciamiento por parte de PEMEX.
Mientras que el nuevo secretario general, Del Angel Bauza alega su derecho a Toma de Nota y de negociación del nuevo Contrato Colectivo de Trabajo para el periodo 2021-2023, ya que cuenta con un amparo del Poder Judicial de la Federación con el numero 49/2020 para validar la Vigésima Séptima Convención Extraordinaria en el que se reformó el artículo 282 de los Estatutos para el voto libre y secreto; en esa misma asamblea se renovó el comité en función de que el periodo de Carlos Romero Deschamps había concluido.
Desde el 25 de junio del 2019, el nuevo dirigente del STPRM buscó el amparo federal y el 26 de diciembre de ese año se concedió el primer amparo para recibir la Toma de Nota, pero la STPS no se la hizo efectiva.
Fue el Tercer Tribunal Colegiado el que revisó y resolvió a favor el 19 de mozo del 2021 ordenando a la Dirección General de Registro y Actualización de la Dirección General de Registros y Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cambiar la resolución y hacer efectiva la asamblea y la nueva dirigencia.
Ante la negativa de la STPS a cargo de María Luisa Alcalde, el afectado interpuso recursos de inconformidad 3/2021 en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo en el Primer Circuito de la Ciudad de México y de nueva cuenta el 8 de julio del 2021 el Poder Judicial ordena a la STPS la entrega de Toma de Nota al nuevo Secretario General del STPRM.
La inexplicable situación de desobediencia de la titular de la STPS, para validar un derecho de asociación y elección de los trabajadores, se contrapone al nuevo régimen de la 4T que busca terminar con el sindicalismo charro que ha dañado a México en largo periodo de los gobiernos neoliberales.
Le llega la hora Grupo MAS
La 4T ya puso los ojos en la amañada concesión aprobada en la administración de Javier Duarte de Ochoa para que el Grupo MAS de empresarios brasileños y españoles relacionados con Odebrech y por primera vez la titular del ORFIS, Delia González se refirió a la virtual recesión de la empresa que recibió el control del suministro de agua potable, alcantarillado y manejo de aguas residuales en Veracruz y Medellín de Bravo.
Los servicios de la empresa privada han resultado un verdadero fiasco para los usuarios, con irregularidades permanentes, abusos, arbitrariedades, servicios de mala calidad del agua y abandono de las plantas de tratamiento de las aguas negras, por eso, la sola noticia de que existe la posibilidad de cancelar la concesión, es motivo de alegría para los porteños.
Las irregularidades del servicio se extienden al Instituto Metropolitano del Agua que en vez de ser rector y corrector del servicio concesionado a la empresa privada, se h convertido en alcahuete y tapadera, sin tomar en cuenta la opacidad en el manejo de los recursos ya que se trata de una co-inversión pública privada y que está obligada a la transparencia.
Exactamente en las mismas circunstancias se encuentra el Grupo CAB en Boca del Río, por lo tanto, el ORFIS y el Congreso Local deberían de incluir en el paquete a los empresarios no identificados que están atrás de esa operadora del vital líquido.
