Ernestina Ascencio, 18 años después
La vuelta a Veracruz en un teclazo
Yamiri Rodríguez Madrid
Ernestina Ascencio fue una indígena veracruzana cuya trágica muerte, hace casi veinte años, se convirtió en un símbolo de la lucha por la protección de los derechos humanos en México.
El 27 de febrero de 2007, Ernestina Ascencio Rosario, originaria de Soledad Atzompa, fue víctima de una brutal agresión y asesinato a sus 73 años, presuntamente a manos de elementos del Ejército que operaban en un campamento cercano. Cuando el caso salió a la luz, las autoridades de aquel entonces —bajo los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán (PRI) y Felipe Calderón Hinojosa (PAN)—, alegaron que la causa de su muerte había sido una simple gastritis. Una afirmación que no solo resultó ofensiva para la memoria de Ernestina, sino también para su familia y para la inteligencia colectiva de la sociedad.
A pesar del dolor y la indiferencia oficial, sus hijas nunca abandonaron la lucha por la justicia, pese a la lentitud con la que avanza el caso de su madre. Recordemos que, en 2021, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María Rosario Piedra Ibarra, emitió nuevas recomendaciones dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Salud de Veracruz. Además, la CNDH sugirió reabrir la investigación, reconociendo que el proceso original estuvo plagado de irregularidades y omisiones, incluidas fallas dentro de la propia comisión.
Entre las recomendaciones que la Comisión emitió fue la inscripción de los familiares de Ernestina en el Registro Estatal de Víctimas y su acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Veracruz. También se propuso la creación de un memorial en Tetlatzinga, su comunidad natal, como un acto de reconocimiento a su dignidad y en defensa de sus derechos humanos. A esto se suma la exigencia de una disculpa pública dirigida a sus hijos y a su comunidad, como parte de las medidas de reparación.
Sin embargo, el punto más relevante radicó en la solicitud de abrir investigaciones contra el personal del Hospital Río Blanco y de la Secretaría de Salud estatal, debido a su presunta participación en el encubrimiento y la manipulación de pruebas que habrían confirmado la comisión de delitos contra Ernestina. Pero poco se hizo en estos cuatro años al respecto.
Ahora, apenas la semana pasada, en una audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, el Estado mexicano reconoció que se vulneraron sus garantías judiciales y su derecho a la salud, lo que contribuyó a su muerte en 2007.
Además, el Estado admitió su responsabilidad internacional en el caso y se comprometió a continuar investigando todas las posibles líneas y causas que pudieron haber llevado a este trágico desenlace, incluyendo un enfoque con perspectiva de género e intercultural, especialmente relevante para la protección de las comunidades indígenas.
Hoy, 18 años después, el caso “Ascencio Rosario y otra vs. México” sigue esperando se haga justicia.
@YamiriRodríguez
