El fraude electoral
Que se trata de un costoso engaño porque no se marchará AMLO
El apabullante despliegue de propaganda pagada con recursos opacos
De cualquier resultado, el INE será acusado para ser desaparecido
Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez
Como no hay plazo que no se cumpla, por fin este domingo se llevará a cabo lo que se ha denominado Consulta de Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha sido el tema dominante en la agenda políticas y las benditas redes sociales, con manifestaciones a favor y en contra.
Contra el apabullante despliegue de propaganda con lonas, calcomanías en vehículos y espectaculares en los que -con un mismo diseño y mensaje- se pide que asistan a votar a favor de la permanencia de López Obrador.
En contraste, los críticos de la actual administración, aseguran que se trata de un gasto multimillonario que resulta inútil y lo califican como una farsa, porque el presidente no se va a marchar, sea cual sea el resultado.
Si no se alcanza la mínima participación ciudadana, requerida por ley para que los resultados tengan vinculación legal o si sorpresivamente se pide la revocación del poder ejecutivo federal, entonces ya está cantado que se va a culpar al Instituto Nacional Electoral por lo haber hecho la publicidad necesaria, aunque ya se han transmitido hasta el cansancio más de un millón de spots por televisión y radio.
Resulta oportuno el recordar que el tema primordial de la campaña presidencial de López Obrador fue todo el tiempo que duró el de combatir a la corrupción gubernamental, pero que a tres años del gobierno, no se ha metido a la cárcel a los protagonistas del saqueo nacional, del pasado ni del presente.
Por eso es interesante la investigación publicada por Mexicanos Contra la Corrupción, – esa que López Obrador acusa de estar patrocinada por los conservadores y el mismísimo gobierno de los Estados Unidos- que en un detallado documento que nos hicieron llegar a Bitácora Politica resumen así: El 2021 marcó la mitad del camino en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con tres años transcurridos es posible identificar las tendencias del actual gobierno y prever los resultados para el tiempo faltante. Una de las más claras y preocupantes es la falta de políticas públicas y acciones claras para combatir la corrupción, a pesar de haber sido una de las principales banderas de campaña del presidente. Los resultados a medio camino en esta materia han sido mucho más discursivos que efectivos.
El presidente ha mostrado un triunfalismo que se repite en casi todas sus intervenciones públicas: la corrupción ha quedado erradicada de la vida pública, ya no hay corrupción, aunque les dé coraje a los “conservas”, ya se acabó porque el presidente no es corrupto y no tolera a los corruptos. Gracias a la honestidad presidencial y el poder de su ejemplo, todos los vicios del sistema político mexicano han quedado neutralizados; la corrupción ya no se fomenta de arriba para abajo.
Lo cierto es que según prácticamente todas las encuestas especializadas —de percepción ciudadana o de medición de actos de corrupción— señalan que México o bien ha retrocedido o bien se ha estancado en materia de corrupción e impunidad. Más aún: la política anticorrupción fue reprobada en abril de 2021 (El Financiero) por la mayoría de los ciudadanos (59 %) y las expectativas de que siga igual o empeore
alcanza el 51 % (Reforma). Más recientemente, Consulta Mitofsky (enero 2022) publicó que 79 % de la población piensa que hay mucha o regular corrupción y sólo 17 % poco o nada.
Ante los casos de corrupción, la respuesta ha sido la misma: descalificar a los denunciantes y justificar y proteger a los involucrados cercanos al movimiento político de López Obrador y a su equipo de gobierno.
En el recuento de los escándalos de corrupción e impunidad de 2020 (nexos, febrero 2021) se demostró la distancia entre los dichos y los hechos. En esta entrega, correspondiente a 2021, la diferencia vuelve a manifestarse. Los casos hablan por sí mismos y los conocemos gracias a la labor de los académicos, la sociedad civil y el periodismo de investigación.
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