El organismo defensor recordó que en su momento inició una queja de oficio sobre el caso, que continúa abierta.
Dijo que es obligación del Estado prevenir y atender, en su caso, cualquier acto que pueda violentar la libertad de expresión, pues toda sociedad democrática debe tener como uno de sus componentes la participación de un ejercicio periodístico libre e independiente que cumpla con su función social en condiciones de seguridad.
De igual forma, los profesionales de la información no deben sufrir limitación a sus derechos a ejercer su profesión y, por el contrario, se les deben dar garantías para impedir cualquier acción que intente obstruir su labor y garantizar que la sociedad ejerza su derecho a estar informada.
La CNDH externó en un comunicado que los agravios contra periodistas y los atentados contra las instalaciones de los medios informativos exigen de los gobiernos federal, estatales y municipales un oportuno y eficiente esfuerzo de investigación que impida la impunidad y el deterioro de la libertad de expresión.
Remarcó que en su momento inició la investigación y la obtención de evidencias y testimonios del caso, con motivo de las agresiones que recibió el periodista cuando se encontraba con su familia en un restaurante en el sur de la ciudad de México.