Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX. Ventanaver. México. 22 de mayo del 2025 – José Antonio García Herrera, presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), manifestó su preocupación por un posible retroceso en la regulación que se pretende con la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, porque se centra exclusivamente en radio y televisión abierta y deja fuera otros medios digitales como el OTT (Over The Top) y el streaming.
Este jueves se celebró en el Senado el quinto y último conversatorio para analizar esta iniciativa, en el que participaron representantes de la sociedad civil, organismos defensores de audiencias y de la industria de la radio y televisión.
El presidente de la CIRT advirtió que una sobrerregulación podría afectar la libertad de expresión y la democracia.
Rechazó la idea de regular excesivamente los contenidos, argumentando que la pluralidad y la diversidad de medios garantizan el derecho de las audiencias a elegir libremente.
Además, alertó sobre las posibles sanciones a medios sin un debido proceso judicial, lo que podría constituir censura previa.
“Ahora que vemos esta iniciativa, este dictamen, vemos un retroceso. Seamos honestos, cualquier regulación a la radio y a la televisión abiertas, y voy a ser preciso, a la radio y a la televisión, únicamente a la radio y a la televisión, porque todos los demás medios de comunicación en este país, que son las OTT, los streamings, las páginas digitales, no están regulados.
“Yo diría, ¿no hay derechos de las audiencias para esos medios de comunicación? En fin, nuevamente es al perro más flaco que se le carguen todas las pulgas. Así lo veo yo. Entonces vamos a regular más a la radio y a la televisión”, reprochó.
Hilda González González, presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA A.C.), destacó la importancia histórica y política de los derechos de las audiencias, incorporados en la Constitución en 2013 y regulados desde 2014.
Señaló que las audiencias deben ser consideradas sujetos de derecho y que la legislación debe actualizarse para reflejar el ecosistema mediático y digital actual, reconociendo la convergencia de usuarios, consumidores y productores digitales.
Abogó porque la nueva ley fortalezca las defensorías de las audiencias, garantice su independencia, promueva la alfabetización mediática y asegure mecanismos efectivos para la protección de estos derechos.
Por su parte, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, enfatizó que los derechos de las audiencias forman parte del derecho a una información veraz y oportuna, como establece el artículo sexto constitucional.
Expresó preocupación por disposiciones como la conservación de datos personales por 24 meses, que carecen de justificación proporcional y podrían afectar la privacidad y derechos humanos.
“La conservación de datos por 24 meses, no hay una justificación ni una evaluación de derechos humanos, con base en el impacto en derechos humanos, sobre por qué los concesionarios de telecomunicaciones tienen que retener los datos de comunicaciones de usuarios de telefonía y de servicios de telecomunicaciones durante 24 meses.
“¿Por qué no 10? ¿Por qué no 1? ¿Por qué no 36? Es decir, no hay una justificación en términos de necesidad y proporcionalidad. Reiteramos, (…) nuestra preocupación por el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, las salvaguardas a la privacidad y a la protección de datos personales en este sentido son muy débiles, y las consecuencias pueden ser devastadoras para estos derechos”, señaló.
Asimismo, criticó las facultades discrecionales para bloquear señales de internet, conocidas como «apagones», y advirtió sobre la concentración de poder en una sola agencia del Ejecutivo, proponiendo mayor independencia y mecanismos para proteger a medios comunitarios.
Katia de Artigues, presidenta de Yotambien.mx/Comunicación para la Inclusión A.C., destacó que más de 23 millones de personas en México viven con alguna discapacidad, lo que equivale al 16.5 por ciento de la población.
Resaltó la importancia de entender la discapacidad no como una tragedia, sino como resultado de las barreras sociales que deben ser eliminadas.
Subrayó la necesidad de garantizar accesibilidad en plataformas digitales y medios, promoviendo la implementación obligatoria de diseño universal y la inclusión de subtítulos e interpretación en lengua de señas mexicana, además de fortalecer las sanciones en caso de incumplimiento.
Lenin Martell Gámez, defensor de las Audiencias del Sistema Público de Radiodifusión, enfatizó la relevancia del concepto de servicio público de radiodifusión como base para garantizar una comunicación abierta, plural y educativa para toda la sociedad.
Indicó que este concepto debe definirse con mayor claridad en la ley para proteger los derechos comunicativos e informativos de las audiencias, así como para evitar abusos y fortalecer la participación social.
Por su parte, José Agustín Pineda Ventura, académico y exsubprocurador de Telecom en Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), recalcó la importancia de otorgar a Profeco las facultades necesarias para garantizar la protección efectiva y equitativa en el acceso a contenidos y servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.
En conjunto, estas voces apuntaron a que la reforma debe asegurar un marco legal sólido, con obligaciones claras y mecanismos de verificación que promuevan la inclusión, accesibilidad, pluralidad y protección real de los derechos de todas las personas en el ámbito digital y mediático.
