- El dictamen fue aprobado con 22 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones.
Las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos aprobaron -con 22 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones-, el dictamen por el que se expiden ocho leyes y se reforman dos ordenamientos para fortalecer al sector energético del país y dar orden y certeza para que agentes privados participen en la generación de energía.
Los senadores Agustín Dorantes Lámbarri, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Ricardo Anaya Cortés, Mayuli Latifa Martínez Simón y Gustavo Sánchez Vásquez, del PAN; Alejandra Barrales Magdaleno y Clemente Castañeda Hoeflich, de MC; así como Claudia Edith Anaya Mota y Carolina Viggiano Austria, del PRI, presentaron nueve votos particulares en contra del dictamen.
El dictamen incluye la expedición de la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad; la Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos; la Ley del Sector Eléctrico; Ley del Sector Hidrocarburos; Ley de Planeación y Transición Energética; Ley de Biocombustibles; Ley de Geotermia; y la Ley de la Comisión Nacional de Energía.
Además, reforma diversas disposiciones de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Tanto las normas como las reformas mencionadas reglamentarían las modificaciones a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética y de simplificación orgánica, aprobadas en 2024.
La presidenta de la Comisión de Energía, Laura Itzel Castillo Juárez, explicó que este paquete de reformas permitirá “cristalizar” el objetivo de que Pemex y la CFE regresen a manos del pueblo de México como empresas públicas del Estado, por lo que serán más productivas, transparentes, eficientes y tendrán como eje de su operación la austeridad.
Logrará, además, integrar nuevamente en la producción energética a esas dos empresas, “terminando con la separación legal impuesta por anteriores reformas de carácter neoliberal”.
Sobre este punto, la senadora detalló que con la expedición de estas normas se van a definir claramente las áreas en las que la iniciativa privada podrá participar, lo que permitirá una colaboración entre el sector público y el privado.
“Se reconoce la importancia de su participación, eso sí, asegurando que ésta se lleve a cabo de manera ordenada y transparente, garantizando que las contribuciones de la iniciativa privada se realicen en beneficio del pueblo y del desarrollo sostenible”, añadió.
Por Acción Nacional, Agustín Dorantes Lámbarri expresó que para ayudar a la economía de las familias mexicanas es necesario apostar a la extracción y producción, aumentar la inversión pública en infraestructura, permitir e incentivar la inversión privada, y disminuir los impuestos a la gasolina, porque la “visión retrógrada” del sexenio pasado fue el principal obstáculo para el crecimiento económico y la generación de empleos.
De Morena, Olga Patricia Sosa Ruíz, defendió la propuesta porque dijo que ayudará a fortalecer las empresas públicas del Estado y revertir el esquema privatizador del sector energético, porque las leyes van a garantizar un sector fuerte, confiable y eficiente, pues parten de la visión de que la energía posibilite bienestar y desarrollo estratégico nacional.
Waldo Fernández González, del PVEM, subrayó que estas leyes son “históricas” y benéficas para el país, al rescatar un sector sensible y estratégico, devolver su función social a Pemex y la CFE, con lo que se eficientizan costos, y permite que el Estado mexicano asuma la rectoría de su soberanía energética.
Del PRI, Claudia Edith Anaya Mota acusó que con estos cambios persisten las disposiciones de la reforma energética de 2013, pues no se cancela la inversión privada y permanecen los contratos ya asignados, además de que se amplían las ganancias para los empresarios; “el modelo de negocio cambia, pero para beneficiar a privados”, agregó.
Por el PT, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, sostuvo que estas leyes y reformas son necesarias e impostergables para que México recupere el control de sus recursos y asegurar que la energía sea un derecho de todos los mexicanos y no un negocio de unos cuantos; «pondremos los recursos de la nación al servicio del pueblo mexicano”, añadió.
Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, advirtió que estas leyes reglamentarias no dan garantías para obtener energías más baratas, limpias, ni accesibles; “no es lo que México necesita en este momento, ni la industria [energética] en general. Nos preocupa que persistamos en echar por la borda el presente y el futuro de las y los mexicanos”, sentenció.
