Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX| VentanaVer.- El Senado de la República recibió este miércoles el paquete de leyes secundarias de la reforma energética propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca fortalecer a las empresas públicas del Estado, dar orden y certeza a los agentes privados, aumentar las capacidades de seguimiento de los participantes, y mejorar la regulación desde un enfoque técnico.
El paquete lo conforman: la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad; la Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos; la Ley del Sector Eléctrico; la Ley del Sector Hidrocarburos; la Ley de Planeación y Transición Energética, la Ley de Biocombustibles; la Ley de Geotermia; la Ley de la Comisión Nacional de Energía.
Además de que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
En la exposición de motivos de las iniciativas, la presidenta Sheinbaum, asevera que México se encuentra en un proceso de transformación nacional en el que se construye un nuevo modelo energético.
Señala que a lo largo de las últimas décadas, las decisiones tomadas por administraciones anteriores causaron graves daños al sector, afectando directamente al pueblo mexicano debido a la corrupción y el abuso en la gestión de los recursos energéticos.
Afirma que la reforma constitucional en materia energética de 2013 “representó una falsa ilusión de libre competencia, beneficiando únicamente a empresas privadas extranjeras y perjudicando el acceso a la electricidad como un servicio público. Esta reforma priorizó un desarrollo meramente económico”.
Refiere que como resultado de estas políticas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), fueron debilitadas y se favorecieron los intereses privados.
“La reforma energética formalizada en 2013 transfirió la riqueza petrolera y eléctrica en manos privadas, despojando a los mexicanos de estos bienes estratégicos y transformando la infraestructura de servicios públicos en una fuente de beneficios para unas cuantas empresas, sin atender las necesidades del pueblo ni el desarrollo de la nación”, afirma.
Acusa que los gobiernos anteriores a 2018, “endeudaron a Pemex a más del doble, la producción petrolera cayó a niveles alarmantes, lo que llevó a México a convertirse en importador de crudo ligero y combustibles refinados entre 2021 y 2018.
En particular, la capacidad de refinación de México disminuyó drásticamente durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, evidenciando el abandono de la infraestructura energética nacional”.
Menciona que en materia de electricidad, la reforma de 2013 debilitó a la CFE mediante una fragmentación excesiva de sus operaciones, dividiéndola en diversas empresas subsidiarias y filiales.
Esta estructura provocó la pérdida de planeación en el sistema eléctrico, generó un incremento descontrolado en la generación intermitente sin respaldo y obstaculizó a la CFE para generar electricidad.
Se estableció una supuesta competencia entre el sector privado y el sector público. Sin embargo, se favoreció a las empresas particulares, a tal grado que en 2021 la participación en la generación de electricidad por parte de la CFE fue de 38 por ciento y de los privados de 62 por ciento.
De haber continuado con esa tendencia, se estimaba que para 2029 la participación de la CFE hubiera sido de 16 por ciento y de los privados de 84 por ciento.
Recuerda que en octubre y diciembre de 2024 se publicaron los cambios normativos, constitucionales y legales para dar marcha atrás a la reforma energética de 2013.
La presidenta destaca que las leyes secundarias que integran la presente iniciativa, “fortalecen a las empresas públicas del Estado, dan orden y certeza a los agentes privados, aumentan las capacidades de seguimiento de los participantes, mejoran la regulación desde un enfoque técnico.
Fortalece la trazabilidad en los procesos y da un marco jurídico claro, no solo a los sectores eléctricos y de hidrocarburos, sino también a las actividades relacionadas con la transición energética como son los biocombustibles y la geotermia”.
La presidenta Sheinbaum, afirma que “la implementación de esta reforma tendrá un impacto significativo en la política energética nacional, asegurando que los recursos energéticos sean utilizados para el bienestar del pueblo y no como herramientas de especulación privada.
En el mismo sentido, la integración vertical de Pemex y CFE, respectivamente, permitirá una mayor eficiencia operativa, garantizando tarifas justas y accesibles para las familias mexicanas. Asimismo, el fortalecimiento de la soberanía energética reducirá la dependencia de importaciones de hidrocarburos y de combustibles, promoviendo la autosuficiencia energética del país”.
Destaca que en términos ambientales, la reforma impulsará la transición energética mediante el desarrollo de proyectos de energía renovable y la reducción de emisiones contaminantes.
Con esta iniciativa, asevera, México recupera el control sobre su sector energético, priorizando la seguridad energética nacional, el bienestar de la población y la sustentabilidad de los recursos.
Asegura que “la transformación de Pemex y CFE en Empresas Públicas del Estado garantizará su viabilidad operativa y fortalecerá su papel como motores del desarrollo económico y social del país. Asimismo, la transición energética y la eficiencia en el uso de los recursos, serán elementos clave para asegurar un futuro sustentable.
La presente iniciativa recupera el sentido público de CFE y de Pemex, como garantes de la producción de energía para el pueblo de México y la soberanía energética, lo que representa la consolidación de un modelo energético justo y sostenible, en el que el acceso a la energía sea un derecho y no un privilegio, permitiendo que el pueblo de México recupere su riqueza energética en beneficio de las generaciones presentes y futuras”.
