Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX. Ventanaver. 3 de diciembre del 2024.- Empresarios de Sinaloa solicitaron este martes a senadores de la República su apoyo urgente ante la grave crisis económica que atraviesan a consecuencia de la violencia que se registra en la entidad.
A casi cuatro meses que se desató la violencia en el estado por el enfrentamiento entre “Los Chapitos” y “Los Mayos” por el control del Cártel de Sinaloa, los empresarios registran pérdidas cercanas a los 18 mil millones de pesos.
Las pérdidas diarias se calculan en 500 millones de pesos, especialmente, en sectores como el comercio de eventos masivos, como conciertos, festividades y espectáculos, así como la cancelación de 25 mil fuentes de trabajo.
Incluso, la inseguridad ha obligado a muchas empresas a reducir horarios y personal. Aunque hasta ahora los despidos no han sido una opción.
Martha Reyes, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Sinaloa, demando a nombre de los empresarios que en Sinaloa haya un buen gobierno, una buena sociedad y una buena economía.
“Nosotros lo que pedimos es la intervención inmediata para fomentar la economía. Nosotros sabemos que ha sido rebasada la cuestión de la seguridad. Sin embargo, nosotros como empresarios lo púnico que nos queda es asegurar la economía, asegurar que los colaboradores tengan sus empleos, que puedan llevar su ingreso a su casa, que tengan esa estabilidad, porque imagínense que no hemos estado hablando es de la estabilidad emocional, esa psicosis de los padres y madres que nos vamos y llevamos a nuestros hijos al escuela por instrucción del gobernador, pero tenemos la incertidumbre de que puedan ser balaceados en sus espacios”.
Dijo que los empresarios no quieran que se vaya el gobernador Rubén Rocha Moya, sino por el contrario, trabajar conjuntamente con él para enfrentar esta situación, “queremos trabajar en conjunto: sociedad, gobierno y empresarios”.
“No vemos que cambiar de gobernador sea la solución, sino cambiar de actitud”, señaló.
Anunció que miércoles los empresarios de Sinaloa anunciarán un Pacto de Paz, “vamos a empezar a levantar los parques, a rescatar las calles, cómo, trayendo paz, trayendo cuestiones culturales”.
Los empresarios solicitaron a los senadores un paquete de incentivos fiscales y de fomento al empleo para paliar esta crisis, que contemple lo siguiente:
.- Programa de Bienestar de Emergencia Social: Asignar 250 millones de pesos para dar apoyo alimentario a los afectados por la pérdida temporal o permanente de su fuente de ingresos, incluyendo 50,000 apoyos alimentarios para personas y dependientes económicos.
.- Empleo Temporal Inmediato: Destinar 5 millones de pesos para un Programa de Empleo Temporal Inmediato, ofreciendo 25,000 jornales con salario mínimo para labores de mantenimiento de
infraestructura pública y rehabilitación de fuentes de ingresos.
.- Atención a la Salud Mental: Asignar 15 millones de pesos adicionales al presupuesto de la Secretaría de Salud para implementar un Programa Especial de Atención a la Salud Mental, en respuesta al
impacto psicológico de la violencia en la población.
.- Créditos a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas: Establecer un programa de créditos a microempresarios afectados por la violencia, con una tasa de interés 3 puntos menores a la tasa de
referencia del Banco de México, con un periodo de gracia de seis meses y plazos de hasta cinco años.
.- También la creación de un Fondo Especial para Sinaloa de 1,500 millones de pesos,
que permita financiar a las microempresas a través de un esquema de garantía con la
banca de desarrollo.
.- Fortalecimiento de la Seguridad Pública: Solicitar la asignación de 1,500 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la seguridad pública para instalar 2,500 cámaras de videovigilancia, repartir 50,000 botones de emergencia entre la población y equipar a las policías locales. Esto
complementaría la seguridad en el estado y contribuiría a la protección de ciudadanos
y empresarios.
.- Apoyo a la Infraestructura de Seguridad: Proponer el uso de estos fondos para la instalación de 11,000 cámaras internas en taxis y camiones de servicio público, así como la capacitación y equipamiento de las fuerzas de seguridad locales.
