Hacia un nuevo modelo de justicia veracruzano
La vuelta a Veracruz en un teclazo
Yamiri Rodríguez Madrid
Hay que echarle un ojo a la iniciativa de decreto que este miércoles presentó el diputado local morenista Diego Castañeda Aburto, para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz en materia de procuración de justicia; la primera, por cierto, que presenta a unos días de haber arrancado esta LXVII Legislatura veracruzana.
La iniciativa surge como una respuesta a las crecientes exigencias de la sociedad veracruzana por un sistema judicial que esté a la altura de los tiempos. Los vacíos normativos, la lentitud de los procesos y la desconfianza en las instituciones han generado un terreno fértil para la impunidad, afectando gravemente la confianza pública.
La iniciativa del diputado Castañeda Aburto trae consigo transparencia, rendición de cuentas y eficiencia al interior de la Fiscalía General del Estado (FGE). La modificación clave es que quien ocupe la Fiscalía durará en el cargo 4 años -y no 9 como está ahora-, pudiendo ratificarse por otro periodo igual, claro con una revisión exhaustiva basada en estadísticas de número de carpetas abiertas, asuntos judicializados en trámite, atención a víctimas, capacitación a servidores, etcétera.
Estos mecanismos permitirán agilizar los tiempos procesales, un problema que históricamente ha perjudicado a las víctimas en su búsqueda de justicia. Además, para ratificarse, tendrán que mejorar la coordinación entre las autoridades judiciales y administrativas, garantizando que cada caso sea tratado con la celeridad y la profundidad que merece. Otra innovación es que la o el titular de la FGE podrá ser removido de su cargo por el Ejecutivo Estatal por las faltas graves que establezca la ley.
Con estos cambios, se espera no solo la reducción de la carga procesal, sino también un aumento en la confianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de procurar justicia en un estado donde los casos de impunidad han sido titulares recurrentes.
La propuesta no está exenta de retos. Aunque el grupo legislativo de Morena respalda esta iniciativa, su aprobación dependerá de la capacidad de Castañeda Aburto para construir consensos en un Congreso Estatal donde convergen diversas fuerzas políticas. En este sentido, será fundamental que los legisladores prioricen el bienestar ciudadano por encima de las diferencias partidistas.
Además, la implementación de esta reforma requerirá un esfuerzo conjunto entre las instituciones judiciales, el sector académico y la sociedad civil para garantizar que esto se traduzca en resultados concretos y perceptibles.
La reforma de Diego Castañeda Aburto tiene el potencial de ser un punto de inflexión en la historia judicial de Veracruz, y su éxito dependerá de la colaboración de todos los actores involucrados. Veracruz merece una justicia que no solo responda, sino que prevenga, proteja y garantice.
@YamiriRodriguez
