Redacción / Milenio. México. 3 de junio del 2024.-Desde marzo, Petróleos Mexicanos (Pemex) aprobó un plan de sostenibilidad hacia 2030 que incluye reducir sus emisiones de metano en 30 por ciento, pero esto puede significar también un golpe para su contribución al erario público, de acuerdo con especialistas.
“Los ingresos gubernamentales por exploración y producción podrían disminuir en un 84 por ciento en un escenario de Cero Emisiones Netas, y el aporte de Pemex a los ingresos totales del gobierno podrían reducirse de 18 por ciento al 3 por ciento, según un análisis de Carbon Track, una organización con sede en Londres”, refiere Fernanda Ballesteros, directora para México de la organización Natural Resource Governance Institute.
Destacó que más de 70 por ciento de todos los gases industriales causantes del calentamiento global lo generan las empresas extractoras de petróleo, gas y carbón del mundo, por lo que éstas se sitúan en el centro de los esfuerzos internacionales para producir energías menos contaminantes.
Ballesteros y Andrea Furnaro son autoras del reporte Pemex y la transición energética: respuestas oportunas a retos crecientes, en el que señalan que la empresa productiva del Estado está mal parada para enfrentar un escenario en el que se van a requerir menos hidrocarburos.
“En su plan de negocios (presentado en 2022) Pemex reconoce por primera vez los riesgos de la transición (…) pero no va más allá de un análisis y cómo lo piensa enfrentar. En marzo de este año publicó su plan de sostenibilidad donde da más detalles pero enfocados en la reducción de emisiones sin abundar en el riesgo de la transición en términos de la caída del precio y de la demanda (de petróleo)”, expuso Ballesteros.
En su reporte, Pemex ocupó el puesto 11 entre las 58 empresas estatales con mayor exposición al riesgo de la transición energética.
“Las compañías petroleras estatales representan 55 por ciento de la producción de petróleo del mundo. Sin embargo, vemos que están avanzando de forma más lenta que las grandes petroleras internacionales (privadas) en sus planes de descarbonización”.
“Las petroleras estatales, no tienen solamente un objetivo comercial, también buscan garantizar acceso a energía, desarrollo económico además de que están atadas a ciclos políticos que dificultan la planeación a largo aliento”, agregó.
Alertas
El más reciente informe de Carbon Majors Database, publicado en abril pasado, alertó que la firma del Acuerdo de París contra el cambio climático hace 8 años no impidió la expansión, de 5 por ciento desde entonces, de las operaciones productivas de estas compañías.
Tampoco ayudó a reducir sus emisiones de dióxido de carbono, que ahora representan 88 por ciento del total arrojado a la atmósfera por el ser humano.
Por ello, tanto el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU como la Agencia Internacional de la Energía (AIE) enfatizaron el año pasado sobre la necesidad de “una rápida y progresiva eliminación” del carbón, el petróleo y el gas para tener alguna posibilidad de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1.5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales.
Pero al ritmo de la economía actual eso no será posible. “Se prevé que para 2030 se produzca 110 por ciento más de combustibles fósiles de lo que se debería para alcanzar el escenario de 1.5 ºC y 69 por ciento más para el escenario de 2 grados centígrados”, plantea la citada Carbon Majors Database, un nivel histórico de emisiones recopilado por investigadores de renombre.
“Aunque la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles es inevitable, en la actualidad el mundo sigue dependiendo del petróleo y del gas”, reconoce desde Ámsterdam y Londres la organización sin fines de lucro World Benchmarking Alliance (WBA).
Este reconocido organismo refiere que aún así las empresas del sector tienen que reducir al menos, y en esta década, sus emisiones operativas de extracción y procesamiento (conocidas como “de alcance 1 y 2”), muy inferiores a las emisiones indirectas (“de alcance 3”), liberadas al medio ambiente cuando sus productos son quemados por otras industrias, el transporte o los hogares.
El camino a ser “verdes”
Para lograr esa reducción operativa, la AIE, que coordina las políticas energéticas de los Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), estableció las cinco medidas que éstas deben implementar.
Estas son: atajar las emisiones de metano (el principal componente del gas natural), eliminar la quema en antorcha (de gas residual) que no sea de emergencia, electrificar las instalaciones de producción con electricidad de bajas emisiones, además de equipar los complejos de petróleo y gas con tecnología de captura, uso y almacenamiento de carbono (en el subsuelo), y ampliar la utilización de hidrógeno verde en las refinerías.
Como meta a largo plazo, las compañías de energía fósil se han fijado estrategias y presupuestos para alcanzar en 2050 las “cero emisiones netas” (balance entre gases de efecto invernadero emitidos y los eliminados) que las ponga en línea con los acuerdos y recomendaciones internacionales.
Por ejemplo, la británica de origen holandés Shell proyecta invertir entre 2023 y 2025 hasta 15 mil millones de dólares en soluciones de descarbonización. La estadounidense ExxonMobil afirma que ha capturado acumulativamente más CO2 que ninguna otra compañía, es decir 120 millones de toneladas métricas equivalentes a 40 por ciento de todo el CO2 antropogénico capturado.
La francesa TotalEnergies prevé en su hoja de ruta para 2030 una reducción neta de 40 por ciento de todas las emisiones, y de 80 por ciento de metano, en sus sitios de producción, refinado y licuefacción de petróleo y gas.
Para evaluar la credibilidad de las estrategias corporativas y la consistencia de sus planes de transición, un grupo de expertos europeos creó una metodología de referencia mundial conocida como ACT (el acrónimo de Assessing low-Carbon Transition).
Con base en ella, la mencionada organización independiente WBA elabora una clasificación de desempeño y mejores prácticas de cara a la transición energética que incluye a 100 empresas clave en la industria del petróleo y el gas, y que por su seriedad es consultada por inversionistas, compañías, tomadores de decisiones y sociedad civil.
Como resultado general de los nueve rubros (“módulos”) que revisa la evaluación, las mejor posicionadas resultan, en este orden, Neste (Finlandia), Engie (Francia), Naturgy Energy (España), Origin Energy (Australia) y Galp Energia (Portugal). Le siguen TotalEnergies (Francia), Eni (Italia), Cosmo Energy (Japón), Compañía Española de Petróleos, y OMV (Austria).
En el desglose, el ranking presenta a las que más progresos han hecho en cada uno de los campos.
Eni, Engie y Galp son las más avanzadas en lo que concierne a sus “objetivos” de reducción de emisiones de cara al público.
Los objetivos, explica WBA, son “la guía para navegar a una economía baja en carbono” y “proporcionan un marco que permite a las empresas alinear su estrategia, gasto de capital e investigación y desarrollo” para lograr las reducciones.
También Eni y Engie, seguidos por la española Naturgy Energy, están adaptando mejor su modelo de negocios a una economía del futuro, con el desarrollo de prácticas sostenibles y actividades que les permitan disociar sus resultados financieros de las emisiones que produzcan.
Respecto a la “inversión material” y las medidas que aplican las compañías para reducir sus emisiones de operación, las más destacadas son la petrolera estatal noruega Equinor y la austriaca OVM.
Por su parte, TotalEnergies, Naturgy y Eni son las punteras en “inversión intangible”, que es el gasto en investigación y desarrollo en tecnologías con bajas emisiones de carbono y de mitigación (que reducen la huella de carbono de la energía suministrada, como las que evitan las fugas de metano).
Neste, TotalEnergies y Shell tienen la mejor calificación en otro rubro importante, el que evalúa el funcionamiento de los mecanismos de gobernanza para gestionar y supervisar las cuestiones relacionadas con el cambio climático y el plan de transición energética de la compañía.
MILENIO solicitó entrevistas a las sedes centrales en Francia e Italia de TotalEnergies y Eni, dos de las petroleras líderes del mercado global cuyas estrategias de descarbonización son valoradas, pero hasta el cierre de esta edición no habían respondido.
Las petroleras estatales contaminan más
El centro de investigación Natural Resource Governance Institute (NRGI) realizó una evaluación enfocada en 21 grandes petroleras de propiedad estatal (no europeas, ni de Estados Unidos, donde son privadas), que juntas producen el 16 por ciento del total mundial de ese combustible.
Partiendo de los documentos públicos de las empresas, NRGI da un puntaje a sus niveles de “reconocimiento, evaluación y mitigación” del “riesgo de la transición energética”, como se conoce a la pérdida financiera que puede derivarse del proceso de ajuste a una economía más baja de carbono y más sostenible del medio ambiente.
Sólo tres de ellas obtuvieron más de cinco puntos de 10. La colombiana Ecopetrol y la brasileña Petrobras identifican los riesgos de transición global y nacional, usan herramientas de análisis de riesgo, divulgan sus metodologías, construyen escenarios de precios, mencionan estrategias para enfrentar el riesgo y disponen de objetivos de reducción de gases de efecto invernadero, incluso por categoría de alcance. La tailandesa PPT, que no ofrece objetivos satisfactorios para reducir sus emisiones, es la tercera.
Pemex y sus malas prácticas
Pemex es una de las “entidades” más contaminantes del planeta, según el ranking de Carbon Major Database.
Entre 2016 y 2022, la petrolera mexicana lanzó a la atmósfera 2 mil 432 millones de toneladas de CO2, lo que equivale al 1 por ciento del total que se generó en el planeta durante ese periodo, por lo que ocupa el número 20 de esa clasificación, que incluye cementeras, mineras y Estados.
De acuerdo con sus declaraciones públicas, Pemex está preparada parcialmente para gestionar el “riesgo de la transición energética”, señaló Natural Resource Governance Institute en un informe de noviembre pasado.
La empresa reconoce ese riesgo y usa herramientas para analizarlos, pero públicamente no va más allá, refiere el índice.
En los documentos revisados Pemex no divulga sus metodologías de evaluación ni menciona una estrategia para enfrentar el riesgo o los objetivos de reducción de emisiones de ningún tipo. Además, no usa escenarios de precios y tampoco se conoce un plan de “transición justa” (relacionado con aspectos de justicia social, empleo y equidad).
La valoración de Pemex para adaptarse a la transición energética es pésimo también en la clasificación de la World Benchmarking Alliance. Ocupa el lugar 67 entre las 100 empresas evaluadas. Su calificación de ACT (de ajuste a una economía baja en carbono) es de apenas 2 sobre 60, e incluye una “puntuación de desempeño” de 1.4 sobre 20, una “nota de narrativa” de “E”, la más baja, y un “marcador de tendencia” hacia el “empeoramiento”.
Los compromisos de Pemex con la transición energética son tan deficientes que, en una escala de 100, obtiene cero puntos en su modelo de negocios, en la inversión que hace en investigación y desarrollo, en sus esfuerzos en desarmonizar su cadena de suministro y en influir en la conducta de sus clientes para que éstos reduzcan los gases de efecto invernadero.
“La intensidad de las emisiones de alcance 1, 2 y 3 de Pemex aumentó entre 2017 y 2021”, señala WBA en el resumen del estudio.
Precisa que la petrolera mexicana “no ha fijado objetivos a largo plazo ni ha desarrollado un plan de transición que aborde la mayor parte de sus emisiones”, y que «la producción ascendente de la empresa no ha dejado de disminuir desde 2012 como consecuencia de la disminución de los recursos”.
Y advierte con sorpresa que, a pesar de su situación, “en lugar de desarrollar nuevos modelos de negocio bajos en carbono que se ajusten a su trayectoria de 1.5 °C, Pemex informa de que está tratando de invertir esta tendencia mediante la exploración rápida de nuevos yacimientos”.
