Redacción / Milenio. México. 4 de abril del 2024.- BBVA dijo que el Producto Interno Bruto (PIB) de la construcción en México llegó en 2023 al máximo histórico de 1.6 billones de pesos; en tanto, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) presentó, ante la Fiscalía General de la República (FGR), una querella por probable colusión para manipular precios de venta de productos para recubrir edificaciones.
Con base en información emitida por el banco BBVA en su reporte de Situación Inmobiliaria, en 2023, PIB de la construcción creció 5.4 por ciento y la obra civil 78.7 por ciento; sin embargo, destacó que el mercado de vivienda se contrajo, pues el monto de crédito disminuyó 5.4 por ciento respecto a lo acumulado en los primeros 11 meses del año previo.
Detalló que, de enero a noviembre 2022, instituciones financieras otorgaron crédito hipotecario por 457.6 mil millones de pesos, pero en esos mismos meses de 2023, la demanda fue de 432.8 mil millones de pesos. Comentó:
“Tomando en cuenta que no existen restricciones a los préstamos para vivienda por parte de la banca ni de los institutos públicos, se asocia este resultado a una menor demanda por vivienda. Entre otras razones, la menor demanda se debe a que los precios de la vivienda crecieron más que los ingresos de las familias”.
Situación por zonas
La firma financiera señaló que los mercados hipotecarios estatales mantienen una alta concentración en el otorgamiento de crédito, ya que sólo cinco entidades concentran 52.2 por ciento de la cartera.
Destacó que el monto promedio nacional del rubro hipotecario es de 2.2 millones de pesos, pero en Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Baja California Sur, Guerrero y Baja California la cifra promedio por financiamiento es mayor.
Algunas entidades federativas con vocación turística, como Baja California Sur, Guerrero y Nayarit, aumentaron significativamente el monto promedio. El aumento acelerado de precios de vivienda de los últimos años está relacionado con costos de construcción.
La demanda de vivienda en segmentos y regiones (residencial y zonas turísticas, por ejemplo) tras la pandemia está influyendo en la aceleración de precios; sin embargo, no se observa una demanda especulativa que aumenten los precios artificialmente.
Cofece y recubrimientos para edificaciones
La Cofece adelantó sobre su demanda ante la FGR por el supuesto de manipulación en los precios de estos productos:
«La denuncia es hacia diversas personas que probablemente se coludieron para manipular ilegalmente el precio de venta de los productos para recubrir edificaciones utilizados en el sector de la construcción».
De conformidad con la Ley Federal de Competencia Económica y el Código Penal Federal, la Cofece presentaría más querellas ante la FGR para que presuntos implicados sean sancionados con cinco a diez años de cárcel.
Adicionalmente, y de manera independiente al proceso penal, la Cofece tiene abierto un procedimiento administrativo en el que las personas ya fueron emplazadas y presentan pruebas y alegatos para su defensa. Informó:
«Al término del procedimiento seguido en forma de juicio, será el Pleno de la Cofece quien determine si existe la responsabilidad administrativa y, en su caso, impondrá sanciones correspondientes».
La Cofece explicó que las colusiones entre los competidores para manipular los precios derivan en un aumento ilegal en precios de bienes y servicios que adquieren mexicanos. Detalló en su texto:
«En caso de confirmarse una conducta colusoria en este mercado, vulneraría el derecho a una vivienda digna para los mexicanos, afectando condiciones de vida de la población, especialmente las de los grupos más vulnerables. De acuerdo con ONU-Habitat, al menos el 38.4 por ciento de mexicanos habita en una vivienda no adecuada, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) calcula rezago habitacional del 45 por ciento».
Dijo que usará todas sus facultades para así sancionar a quienes comentan conductas anticompetitivas en contra de los mexicanos, de modo que estas personas reciban las sanciones que posibilita la ley competente.
