Redacción / Agencia. Ciudad de México., 22 de noviembre de 2021.- Para 2022, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) contempla penas de 3 a 8 años de prisión para las empresas de la cadena de hidrocarburos y petrolíferos que no cuenten con controles volumétricos para medir entradas y salidas de combustibles, y de 6 a 12 años para quienes vendan producto de procedencia ilícita.
Alejandro Montufar, director de Petrointelligence, dijo que si bien la medida ayudará a detectar cuando alguna empresa esté vendiendo producto ilegal, los involucrados consideran excesiva la privación de la libertad.
Alain Duthoy, socio de la firma Lexoil Consulting, agregó que para los comercializadores la obligación es imposible de cumplir, pues la mayoría no cuenta con infraestructura, sino que recurre a transportistas y empresas de almacenamiento.
En México, según la Comisión Reguladora de Energía, existen 171 permisos para terminales de almacenamiento de combustibles automotrices, 34 para almacenar gas LP, 4 mil 104 para expendio de gas y mil 208 para distribuir gas LP.
Además, los especialistas coincidieron en que los costos de inversión para el cumplimiento de la nueva disposición serán traspasados a los consumidores finales.
Fuente: Reforma.
