Ahora fabricantes de armas acusan a México de buscar chivo expiatorio
Redacción / Ventanaver. Washington DC, EUA., 04 de agosto de 2021.- La principal asociación de fabricantes de armas de fuego Estados Unidos acusó este miércoles al Gobierno de México de buscar un «chivo expiatorio» por la actividad criminal en territorio mexicano con la presentación de una demanda civil por prácticas negligentes en contra de sus agremiados.
La Asociación de la Industria de Fabricantes de Armas de Fuego de EU (NSSF, en inglés) dijo carece de sustento la demanda que el Gobierno mexicano presentó ante una Corte Federal de Massachusetts, argumentando que prácticas negligentes permiten el tráfico de armas a México.
«Estas acusaciones carecen de fundamento. El Gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras», dijo Lawrence G. Keane, el abogado general de la NSSF, que congrega a miles de compañías involucradas en la manufactura de armas de fuego de EU.
De acuerdo con la NSSF, las acusaciones del Gobierno de México son patentemente falsas dado que las armas de fuego son vendidas en EU de acuerdo con leyes federales y estatales, estableciendo un registro en papel y tras una verificación de antecedentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
«En lugar de buscar un chivo expiatorio en las empresas estadounidenses que respetan la ley, las autoridades mexicanas deben concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia», dijo Keane.
«La actividad criminal de México es un resultado directo del tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y los cárteles del crimen organizado que afectan a los ciudadanos de México. Son estos cárteles los que hacen un uso indebido delictivo de armas de fuego importadas ilegalmente a México o robadas al ejército mexicano y a las fuerzas del orden público», insistió el también vicepresidente principal de la asociación.
Fundada en 1961 y con sede en el Estado de Connecticut, la NSSF congrega de acuerdo con estimaciones a más de 8 mil miembros principalmente en el área de la fabricación de armas de fuego y municiones pero también incluye a distribuidores, clubes de tiro, vendedores y aficionados estadounidenses.
En particular, la NSSF criticó que uno de los abogados que representan al Gobierno mexicano en su demanda civil sean los representantes legales de la Campaña Brady para Prevenir la Violencia por Armas de Fuego, una de las principales organizaciones a favor del control de armas de Estados Unidos.
«Esta demanda presentada por un grupo estadounidense de control de armas que representa a México es una afrenta a la soberanía de los EU y una amenaza a los derechos de la Segunda Enmienda de los estadounidenses respetuosos de la ley de poseer y portar armas», apuntó el abogado Keane.
«El Gobierno mexicano, que recibe una ayuda considerable de los contribuyentes estadounidenses, es el único responsable de hacer cumplir sus leyes, incluidas las estrictas leyes de control de armas del país, dentro de sus propias fronteras», insistió Keane destacando la diferencia en las leyes en ambos países.
En específico, la demanda por la vía civil presentada por el Gobierno de México busca compensaciones por hasta 10 mil millones de dólares para resarcir los daños ocasionados supuestamente por las compañías que negligentemente actuaron sabiendo que miles de armas pueden ser traficadas a su territorio.
En específico, la demanda mexicana va dirigida en contra de los fabricantes de armas Smith & Wesson, Barrett Firearms, Beretta USA Corp, Beretta Holding, Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company, Glock Inc, Glock GES, Sturm, Ruger & Co, Witmer Public Safety Group y Interstate Arms.
Responde SRE: litigio probará prácticas ilícitas
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) acusó a las armadoras de Estados Unidos (EU) de defenderse litigando en medios de comunicación con mensajes superficiales.
La Cancillería mexicana advirtió que la industria de comercio de armas tratará de deslindarse de cualquier responsabilidad en el tráfico ilícito a México.
«En el litigio se probará que las empresas demandadas incurren en prácticas ilícitas y negligentes», confió la SRE.
«La Corte conocerá los hechos y las evidencias, no los mensajes superficiales que pretenden legitimar su enriquecimiento desmedido a costa de la muerte de cientos de personas».
La dependencia aprovechó para reiterar que la demanda no está en contra del comercio de armas, sino que busca un comercio responsable, con prácticas comerciales más estrictas para no anunciar entre la población civil armas de alto poder para fines militares y no dirigir su publicidad a grupos delictivos.
«Casi todas las armas recuperadas en las escenas del crimen en México, entre 70 por ciento y 90 por ciento de ellas, fueron traficadas desde Estados Unidos», planteó la Cancillería.
«Los demandados diseñan, comercializan, distribuyen y venden armas de forma que saben que arman a los cárteles de la droga en México».
