Garantizar la legalidad o dar gusto al presidente, el reto de los tribunales electorales
De Interés Público
Emilio Cárdenas Escobosa
En la antesala de la jornada de votación de las elecciones más grandes de la historia reciente la judicialización del proceso electoral es ya un hecho indiscutible.
A unos días de que concluyan las campañas electorales se han incrementado las denuncias penales por delitos electorales. Desde que inició el proceso electoral el 7 septiembre de 2020 y hasta el pasado 14 de mayo, se habían promovido 600 denuncias a nivel nacional, y en 450 de éstas se abrió una carpeta de investigación por lo que pueden concluir ante un juez. Esto es, un promedio de 75 por mes o 2.5 por día de acuerdo con los datos de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, organismo dependiente de la Fiscalía General de la República.
De todos los casos denunciados ante esta Fiscalía Especializada solo ha revelado avances y confirmado las acusaciones en contra de los candidatos de Movimiento Ciudadano y PRI al gobierno de Nuevo León, casos que fueron ventilados en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador donde prácticamente dio línea a la FGR para investigar el presunto reparto de tarjetas entre el electorado por parte de esos candidatos y que acreditarían una supuesta compra de votos.
Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encuentra bajo todo tipo de presiones, las que se agudizaron luego de que su Sala Superior adoptó en semanas recientes decisiones que molestaron a Morena y al presidente López Obrador, como confirmar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral que dejó fuera de la contienda a dos candidatos de ese partido a los gobiernos de Guerrero y Michoacán y validar por unanimidad las reglas dictadas para limitar las bancadas en el Congreso y evitar la sobrerrepresentación de los partidos, fijada por la Constitución en un 8%. Esas resoluciones del máximo tribunal electoral del país fueron la gota que derramó el vaso. El presidente y sus seguidores optaron por redoblar sus críticas al Tribunal Electoral y continuar sus cuestionamientos a las decisiones del INE que no son de su agrado.
Los siete magistrados que componen el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación —quienes llegaron al cargo propuestos y votados por los partidos políticos en 2016— pueden anular cualquier proceso y revertir los resultados de la competencia. Esta gran responsabilidad la tienen las salas regionales del propio Tribunal federal y desde luego, para el caso de las elecciones locales, los tribunales electorales estatales que trabajan a marchas forzadas, con un mundo de expedientes, con juicios de protección de derechos político-electorales de los ciudadanos y recursos diversos promovidos por partidos y candidatos. Y después del 6 de junio se viene un alud de recursos de inconformidad que buscarán revertir o anular resultados electorales. Y por lo mismo la presión a los órganos jurisdiccionales se intensificará. La pregunta central que debe hacerse es si los tribunales están para dar certeza y garantizar la legalidad de las elecciones o para dar gusto a partidos y gobernantes.
En el actual proceso electoral se han incrementado los litigios de los que debe conocer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de sus salas regionales y su sala superior, así como los Tribunales Electorales estatales. A la fecha se han presentado ya 4 mil recursos, pero que, a partir de las experiencias de años anteriores y con base en modelos actuariales, se estima que se podrían alcanzar hasta 25 mil recursos en todo el proceso electoral.
Como instituciones encargadas de hacer valer las reglas del juego el tribunal electoral federal y los locales deben actuar bajo los parámetros de la ley y rechazar sugerencias o indicaciones para dar gusto partidos o gobernantes que desarrollan una intensa presión y que hacen juicios paralelos y generan percepciones y veredictos sociales.
En Veracruz la resolución del Tribunal Electoral del Estado que retiró la candidatura al aspirante de la coalición Veracruz Va a la alcaldía del municipio de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, y que fue ratificada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por incumplir el requisito de residencia efectiva en el municipio que aspiraba a gobernar, actualizó el debate sobre las presiones a las que supuestamente se ven sometidos los magistrados para definir el sentido de su voto. El cerrarle el paso al hijo del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares era asunto prioritario para la administración estatal dada la confrontación de Morena con el ex mandatario que ha marcado los tres años de gobierno en Veracruz.
En su momento la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, aseguró que la decisión de anular la candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez a la presidencia municipal de Veracruz puerto, se tomó sin presión de ningún tipo y le recomendó al candidato panista que recurriera a la instancia federal para que revisara la decisión del colegiado local, lo que hizo con los resultados ya conocidos que lo dejan fuera de la contienda.
El trabajo de los tribunales es pues fundamental para dar certeza a los ciudadanos y garantizar que se cumpla la legalidad en los comicios. Su prestigio se pone a prueba en cada elección, pero más cuando se trata de procesos muy competidos y que generan una gran expectación ciudadana, como es el caso de la elección en curso.
Hay que tener en cuenta la carga enorme de trabajo que tienen los tribunales electorales para desahogar miles de recursos que presentan ciudadanos, aspirantes a cargos de elección, candidatos y partidos en la fase de organización de las elecciones que se incrementa enormemente luego de la jornada de votación. Y es ahí donde crecen las presiones, los cuestionamientos y las críticas de los jugadores a los órganos jurisdiccionales para que resuelvan según convenga a los intereses de los partidos. Es una historia que se repite proceso a proceso pero que en este 2021 amenaza con desbordarse por la fuerte presión del presidente de la República convertido en líder de campaña de su partido y por las exigencias que seguramente habrá de partidos y candidatos que buscarán revertir los resultados o invocar las causales de nulidad de que la ley prevé.
Un elemento que seguramente será una papa caliente para los magistrados electorales es la abierta intromisión del presidente de la República en la contienda, confesada por él mismo, y la forma en que tratarán este polémico tema, además de las denuncias y recursos interpuestos ante el evidente uso de programas sociales y recursos públicos que han hecho gobernadores y ediles de Morena para buscar entregarle buenas a cuentas al primer mandatario Andrés Mánuel López Obrador.
Sin duda la etapa del litigio poselectoral estará de antología y lo que resuelvan los tribunales electorales será fundamental en dos sentidos: para dotar, como dispone la Contitución y las leyes en la materia, de legalidad y certeza a las elecciones, o para pavimentar el camino para su renovación de fondo o su eventual desaparición (lo mismo de los organismos públicos locales electorales de los estados del país), en la reforma electoral anunciada por el presidente y que vendrá una vez que concluya el proceso electoral. Ello, claro está, si Morena obtiene la mayoría calificada en la Cámara de Diputados en las elecciones de este 6 de junio.
Se vienen tiempos complejos sin duda, y más si persiste la visión de que las decisiones de las instituciones y de los tribunales electorales, de los organismos autónomos y de todo aquel órgano o instancia que difiera de la narrativa oficial, se inscriben invariablemente en la conjura de los conservadores contra la Cuarta Transformación.
