Estado GENERAL

568 desaparecidos, 27 secuestrados y 22 investigaciones por feminicidio en Veracruz

COMPARECENCIA PGJPor Carlos Alvarado / Xalapa, Ver., 25 de noviembre de 2014.- El Procurador de Justicia del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, afirmó que del 2006 al 2014 han desaparecido en Veracruz 2 mil 55 personas, de las cuales mil 361 se han localizado con vida, 126 fueron asesinadas y 568 aún están en proceso de búsqueda.

 Al comparecer ante la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso local, el fiscal aclaró que en base a las investigaciones realizadas el concepto de desaparición de personas inmediatamente se vincula a un delito, pero que la mayor parte de los eventos denunciados no están vinculados a delito alguno, sino que la ausencia de las personas se debe a que su salida del entorno familiar es voluntaria.

Dijo que a su llegada a la Procuraduría General de Justicia advirtió el grave problema que implica este tema y revisando cada uno de los libros de gobierno de las agencias del ministerio público, se logró reducir de una manera muy importante la estadística que a nivel nacional hacía ver a Veracruz muy negativo porque mantenía en estatus de desaparecidas a personas que no estaban como tales, el trabajo realizado permitió reducir esos porcentajes porque lo que faltaba era darle seguimiento a los casos y confirmar que las personas denunciadas como desaparecidas ya estaban en su entorno familiar.

En materia de secuestros, informo que de enero a octubre de este año,  143 personas han sido víctimas de este delito, de las cuales 102 han sido liberadas, 27 aún están ausentes y 14 han sido encontradas muertas.

Por este delito, se han detenido a 201 personas que pertenecían a 32 bandas que ya fueron desmembradas.

Respecto al pago de secuestros, dijo que muchos critican el proceso de negociación, que realiza la unidad con gente especializada que tiene la Procuraduría  en el manejo de la crisis; sin embargo comento que si bien no satisface , se ha logrado reducirse en una importante cantidad.

Y cito que hay secuestradores que piden a los familiares de la víctima 5 millones de pesos, y con la negociación que la gente especializada realiza, se han reducido de 50 a 150 mil pesos.

Por ello, pidió a la sociedad que denuncie, porque cuando se enfrentan solas a los delincuentes, estos no tienen margen de introducirse en la mente del secuestrador para negociar lo que está en la mente  “es un tema delicado”

De las 12 fosas encontradas en el rancho el diamante, en Nopaltepec municipio de  Cosamaloapan dijo que no fueron 40 sino 31 cuerpos encontrados,  de los cuales 15 ya fueron entregados a sus familiares y 16 están sin identificar, cuya investigación aún continúa

Dejo en claro que todos aquellos asuntos que tengan que ver con delincuencia organizada, la procuraduría  del estado no tiene injerencia para conocer de ellos, sino es la Procuraduría General de la República la encargada de investigar y resolverlo.

Sin embargo, dijo que ésta instaurando diligencias sobre la fosas clandestinas encontradas en territorio veracruzano, para encartar o descartar que existan elemento que confluyan en una situación de delincuencia organizada,  “si asa es el estado no tiene por qué estar resguardando investigaciones ministeriales que no son de su ámbito, entonces los estaría remitiendo a la PGR para que ellos se encarguen de investigar”.

Al referirse al caso del ex alcalde de Fortín Cesar Torrecillas acusado por el desvío de recursos por un monto de 40 millones de pesos, dijo que a solo una semana de haber tomado las riendas de la Procuraduría  tomó acuerdos inmediatos con el Orfis, ya que estaba casi concluida la investigación, por lo que dio instrucciones para que se consignara y se obsequiara la orden de aprehensión.

Comentó que ante la posibilidad de que el ex alcalde priista se encuentre fuera del país,  se activaron los protocolos internacionales.

Afirmó que se cuenta con las pruebas suficientes, solo están en la espera de capturar a esta persona, “lo que si te aseguro es que lo estamos buscando semana con semana, ya tengo acuerdos con la policía para que me dé cuenta de esto”.

En el tema de feminicidios, explicó que una vez que se confirma que un caso es tal todas las áreas de la PGJ confluyen en resolver el problema, ya que se tiene que proceder con toda la fuerza del estado, y que ello da luz a que el resultado que se tenga es positivo en números, pero preocupante porque un solo caso de feminicidio es algo muy agobiante.

Indicó que hay 37 investigaciones ministeriales iniciadas con motivo del delito de feminicidio y que 15 de ellos son eventos resueltos y 22 permanecen en trámite. “La mayoría de los casos concluidos se han resuelto en horas debido a la gran solidaridad que ya hay en esta causa y la efectividad de los protocolos que surgen a partir de que se confirma que se trata de un feminicidio”, comentó.

Agregó que en este momento 20 carpetas de investigación, de los cuales cuatro ya están resueltas y 16 en trámite para un total de 58 con 19 resueltos y 39 en trámite.

De la investigación iniciada por presunto daño patrimonial en el Fideicomiso del Túnel Sumergido, el procurador dijo que se está en vísperas de finalizar el caso conforme a derecho y destacó que procurar justicia no necesariamente es acusar a alguien de un delito.

“En toda la investigación que se está haciendo hay pruebas de cargo y descargo, de la conclusión a la que se llegue se procederá a ejercitar la acción penal en contra de quien se deba proceder y exonerar a quien no revista responsabilidad alguna aun cuando sea señalada por la acusante Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas”, dijo.

Adelanto que en los próximos días habrá resultados en este caso al igual que los restantes que tiene bajo investigación por el mismo motivo.

Al ser cuestionado por el diputado Cuauhtémoc Pola Estrada sobre la saña y abuso de poder en el caso de María Josefina  Gamboa, aseguró que el tema está muy claro, pues hay una persona muerta, después de ser atropellada por el vehículo que conducía la ex trabajadora del municipio de Boca del Rio, lo que implica un homicidio culposo.

En ese sentido validó el actuar de la fiscalía del estado, al acreditar el cuerpo de delito y la autoría del mismo, pero afirmó que tendrá que ser un magistrado de la Suprema Corte de Justicia, quien determine la constitucionalidad en la aplicación de la ley

Esto ante lo que consideró arbitrario, excesivo y violatorio de  los derechos humanos, el aplicar el artículo 229 del Código de Procedimientos Penales, por el que se negó la libertada bajo fianza de Maryjose Gamboa, al asumir que ante su negativa de que se le realizaran exámenes toxicológicos, constituye presunción de culpabilidad.