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Dan un año de prisión a Fiscal de Duarte

Redacción / Reforma. Ciudad de México., 31 de octubre de 2018.- Una juez del fuero común impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un plazo de un año a Luis Ángel Bravo Contreras, ex Fiscal General de Veracruz, en el proceso donde le atribuyen su probable intervención en el delito de desaparición forzada de personas.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) informó en un comunicado que, tras acreditar con datos de prueba idóneos el riesgo de sustracción de la justicia por parte del ex funcionario, la juez de control Alma Aleida Sosa Jiménez le impuso dicha medida cautelar.

Lo anterior implica que el proceso y, eventualmente, el juicio, serán instruidos mientras permanece tras las rejas.

La determinación fue dictada en cumplimiento a un amparo concedido a Bravo contra la prisión preventiva oficiosa que le dictaron el pasado 18 de junio, cuando fue vinculado a proceso.

El Juzgado Décimo Quinto de Distrito con sede en Xalapa ordenó en dicho amparo reponer el procedimiento en favor del imputado, porque el delito que le atribuyen no amerita la prisión preventiva oficiosa, como originalmente le fue impuesta.

El ex Fiscal fue acusado del delito de desaparición forzada de personas en la modalidad de ayudar a eludir la impartición de la justicia o entorpecer las investigaciones, es decir, de una especie de encubrimiento, pero no de ser el autor intelectual o material de la desaparición.

“La FGEV respeta pero no comparte el criterio del juzgador federal, pues a consideración de este órgano investigador el delito de desaparición forzada de personas no solo es grave, sino extremadamente grave, pues así lo definen al menos dos Tratados Internacionales”, dijo la dependencia.

Según el texto oficial, la Fiscalía promoverá recurso de revisión contra el amparo concedido a Bravo.

Conforme a los antecedentes del caso, al ex Fiscal se le imputa apoyar a agentes ministeriales bajo su mando para ocultar y alterar el hallazgo de 13 cuerpos que presuntamente fueron desaparecidos por servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en enero de 2016.

Dichos cadáveres fueron localizados en un lugar conocido como La Barranca de la Aurora, en el Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz.

De 19 personas localizadas en este lugar, supuestamente, se dio la instrucción oficial de únicamente reportar a seis, según las investigaciones ministeriales.

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